Un festival de licencias y otro mazazo a las empresas

En el Senado llegó a haber más de 20 proyectos para ampliar licencias laborales y otorgar otros beneficios. Ahora, se consensuó uno, que ya tiene dictamen. Y como es impulsado por un senador K de La Pampa, tiene chances de salir.

El proyecto amplía licencias por cuidado (como las de maternidad, paternidad, enfermedad, cuidado de persona cargo), crea nuevas licencias (por ejemplo da de 2 a 12 días por año para las reuniones que se hacen con vistas a adoptar a un niño), obliga a las empresas a abrir guarderías, permite a las madres elegir un regreso escalonado al trabajo, impide acordar cambios en el puesto de trabajo de quien regresa de una licencia. Son muchísimos cambios que no podemos detallar. Necesitaríamos todo el programa. Nadie se puede oponer a muchas de estas cosas.

Sólo hay un problema: excepto la ampliación de licencias de maternidad o paternidad, todos los costos extra que se van a generar se cargan derecho a las empresas, al empleador.

Las alarmas ya saltaron. La Unión Industrial Argentina calculó que todo esto implicará un sobrecosto equivalente al 7,4% de todos los salarios que paga un empleador. Es un monto que casi duplica todo lo que las empresas ya pagan, por ejemplo, para bancar todas las asignaciones familiares que se pagan en el país.

La UIA se queja, además, porque nadie la consultó.

Y señala el riesgo de hacer esto en medio de la profunda crisis económica, cuando las empresas ya de por sí tienen prohibido despedir y rige la doble indemnización.

Existe la idea generalizada de que las empresas son un barril sin fondo. Y que se les puede hacer pagar cualquier cosa. Pero eso no es realista. En el fondo, es el conjunto de los trabajadores, la sociedad en su totalidad, la que termina pagando y sufriendo el impacto. Cada vez que una empresa cierra porque no da más, hay menos empleos, y eso abarata la mano de obra. Y si la empresa no cierra es porque logra trasladar estos mayores costos al precio de sus productos sin subir en paralelo sus salarios. Y eso también reduce el poder de compra de los sueldos. No hay escapatoria a eso, porque el dinero no llueve. Y menos en medio de la pandemia, de las restricciones, en una economía sin crédito, sin infraestructura y sin dólares para invertir.

Es un dilema. Todos queremos beneficios de todo tipo. Y los legisladores son campeones para repartirlos. Pero nunca discutimos quiénes y cómo los van a pagar y qué consecuencias puede tener eso.