Un responsable judicial para el auto de González

El accidente protagonizado por el ahora expresidente de la Legislatura de Córdoba, Oscar González, con una víctima mortal, en un contexto plagado de irregularidades y faltas del propio legislador, de un municipio y de la Justicia provincial está siendo pasado por el lavarropas de la blancura. El poder político de Córdoba no quiere más olas.

El gobierno provincial busca calmar las aguas diciendo, con buen tino, que va a cambiar el sistema de expendio de carnés de conducir, por un lado, y que va a cambiar la ley 8550 que le permite a la Justicia apropiarse de hecho de vehículos particulares para intercambiar favores con otros poderosos.

Pero eso no debería servir para tapar lo que sucedió en este caso. El BMW que manejaba González era uno de los 4 vehículos de alta gama que la Justicia le había cedido. Pero además era robado. Es decir, había una víctima. Se llama Gabriel Kohan, vive en el Gran Buenos Aires y le habían robado el auto a principios de 2019. Casi 4 años después -a pesar de que ya había sido identificado como el propietario legal del vehículo- su auto seguía formando parte de la flota que González usaba como si le perteneciera.

¿Quién es el responsable en el Poder Judicial de no haber devuelto en tiempo y forma ese coche a su dueño legítimo? La ley 8550 que se invoca dice clarito los autos secuestrados en causas penales deben ser entregados en 30 días por el juez o el fiscal, definitivamente o en depósito judicial, a sus dueños. Sólo si estos no pudiesen ser individualizados pueden darlos en depósito a "organismos pertinentes" o "servicios públicos". No habla de ONGs ni nada de eso.

Acá se sabía quién era el dueño. Como se lee en la ley, incluso si hubiera habido alguna razón que restituir el auto en forma definitiva a Kohan se lo podrían haber dado a él en depósito en lugar de dárselo a González. Que encima ya tenía otros tres autos.

¿Quién es el responsable de esto? ¿Es el administrador general del Poder Judicial, Luis Sosa Lanza Castelli? ¿Es el juez que tenía la causa original? ¿Es el juzgado federal al que le pasaron luego el tema? No lo sabemos.

Hay un punto esencial acá. Porque todo este episodio exhibe, en principio tres posibilidades: incompetencia e ineptitud, ignorancia de la ley o prevaricato (lo cual en la Justicia es causal de jury) o, peor aún, indolencia y desidia, un relajamiento total de la vocación por brindar el servicio de Justicia. Hay casos conocidos de magistrados que claramente están dispuestos a sacrificar su tiempo y la tranquilidad de sus familias, incluso, por hacer cumplir la ley. Se me vienen a la mente varios casos.

Pero este caso expone la otra cara del Poder Judicial, tal vez mayoritaria. Es lindo tema para los legisladores, sobre todo los de la oposición, si es que tienen ganas de revisar cómo funciona la Justicia provincial. Pero la eficiencia, qué calidad de servicio brinda y cuántas ganas le ponen la gran cantidad de magistrados y empleados bien pagos que tiene.