Una de piratas: el botín del Estado escondido en la isla de Córdoba

La calidad de nuestros políticos es bastante pobre. La sociedad argentina enfrenta un ejército de ñoquis, familiares y acomodados que se infiltran en el estado. Los periodistas también son de calidad mediocre, y esto se refleja en la política.

La contratación de personal en el estado se convierte en un tema central. Políticos como Nadia Fernández en Córdoba y Kicillof en Buenos Aires contratan a miles de empleados, muchos de ellos sin el debido proceso de selección. Esto genera un sistema secuestrado donde la confianza se basa en relaciones personales y no en la capacidad profesional.

La discusión se limita a cuestiones menores, como si es correcto contratar a familiares. Pero el verdadero problema radica en el control que ejercen los punteros políticos sobre estas contrataciones. Miriam Prunotto, de la UCR, y Javier Preto, del PRO, son ejemplos de cómo se manipula la situación para mantener el poder dentro de ciertos partidos.

El Tribunal de Cuentas también está involucrado en este entramado, con contratos que incluyen a familiares de jueces. La falta de transparencia en el sector de salud es alarmante, con cifras que varían entre empleados declarados y aquellos que no figuran en ningún registro.

Estos acomodos políticos siempre han existido y seguirán existiendo. La implosión que se busca controlar puede terminar afectando a aquellos que no están en el círculo de confianza, mientras que el pueblo sigue siendo víctima de esta corrupción sistemática.