YPF y Libra: ¿y si tercerizamos la Justicia a los jueces de Estados Unidos?

Desde los años 2000, creció la influencia de la Justicia estadounidense sobre Argentina. La historia del default de la deuda, las violaciones a los contratos de privatización y otros escándalos, marcan una tendencia que no se puede ignorar. 

La realidad es que hoy en día muchos asuntos se dirimen en tribunales de Estados Unidos y Europa, dejando a nuestra Justicia en un segundo plano.

En primer lugar, el Departamento de Estado de los Estados Unidos investiga si hubo delito en la creación y posterior colapso de la memecoin Libra, que puso bajo la lupa al entorno del presidente Milei. 

Esta situación genera una sensación de tranquilidad, ya que parece que una justicia más independiente y creíble se encargará de esclarecer lo que en nuestro país queda siempre en la nebulosa. La incertidumbre que rodea a nuestra Justicia se contrasta con la posibilidad de que un tribunal estadounidense actúe con rigor.

El segundo caso, más antiguo y complejo, gira en torno a la historia de Néstor Kirchner y su relación con Repsol, la compañía que operaba YPF en ese entonces. Durante su mandato, Kirchner limitó a Repsol la posibilidad de girar ganancias a sus accionistas en España, argumentando que esos dólares debían reinvertirse en el país. 

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Sin embargo, en 2007, se produjo un cambio significativo: el gobierno permitió que Repsol liquidara sus dividendos, coincidiendo con la entrada del grupo Petersen, vinculado a Kirchner, en la compra de acciones de YPF.

Este movimiento generó interrogantes. ¿Cómo es posible que Repsol vendiera sus acciones de esta manera? Y lo que es más asombroso, ¿Cómo Petersen iba a pagar esas acciones? La respuesta se encuentra en un mecanismo que recuerda a la jubilación de una madre de familia, donde parte de los ingresos se destinan a cubrir aportes que nunca se hicieron. 

En este caso, las ganancias que Repsol ya podía liquidar se utilizaron para financiar la compra de acciones por parte de Petersen. Este esquema parecía un sueño hecho realidad para todos los involucrados.

Con el tiempo, la situación se tornó insostenible. Repsol, descontenta con las condiciones en Argentina, decidió retirar sus inversiones y enviar dinero al exterior. A medida que las tarifas se mantenían congeladas, el país dejó de invertir en producción de energía y comenzó a depender cada vez más de importaciones. 

En 2012, tras la muerte de Néstor, Cristina Kirchner y Axel Kicillof decidieron culpar a Repsol por el colapso energético y confiscaron el 51% de YPF. La indemnización que recibió Repsol por este acto generó controversia, ya que el entonces presidente de la compañía fue premiado en España por su astucia al salir del país con una indemnización considerable.

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La situación se complicó aún más para el grupo Petersen, que se quedó sin ganancias para pagar las acciones y, bajo estas condiciones, decidió enviar a la quiebra la firma creada en un paraíso fiscal para manejar sus participaciones en YPF. Esta firma transfirió sus acciones a un fondo buitre, que, como es habitual, compró papeles que carecían de valor real, pero que le ofrecían la oportunidad de reclamar en tribunales.

El año pasado, el fondo buitre logró una sentencia que le otorgó 16 mil millones de dólares, argumentando que no se le había brindado el mismo tratamiento que a Repsol. 

La jueza Loretta Preska, quien ya había ordenado el pago de esta sentencia, aceptó un recurso de una ONG argentina que cuestionaba la legitimidad de este proceso, sugiriendo que podría ser un fraude que se inició en 2008. 

Sin embargo, los expertos advierten que es poco probable que Preska revierta su decisión, dado que la denuncia fue presentada hace más de una década y no se tomó acción en su momento.

Mientras Cristina Kirchner y Axel Kicillof criticaban a los fondos buitres por sus demandas relacionadas con la deuda argentina, ellos mismos creaban las condiciones para que surgiera otro fondo buitre, derivado de las maniobras de Néstor y su entorno. Lo irónico: un sistema que se presenta como defensor de la soberanía termina por facilitar un escenario donde los intereses extranjeros prevalecen.

La Justicia estadounidense, aunque imperfecta, podría ofrecer respuestas a muchas de las cuestiones que nuestra propia Justicia no logra esclarecer.

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