Chantaje de alta escuela

Decenas de estudiantes universitarios fueron chantajeados a lo largo de 30 años por un docente que los obligaba a pagar para aprobar su materia. Ocurrió sin pausas, de manera sistemática y aunque cada vez era más nutrido el grupo que estaba al tanto de la maniobra, el tema no llegó formalmente al decanato ni al rectorado y sólo cuando adoptó un cariz decididamente escandaloso, se convirtió en una causa judicial.

Cuesta creerlo y entenderlo porque esta vez las víctimas son del sector privilegiado, el que tiene acceso a la educación superior. Y el delito se escenifica en una institución de gran prestigio, con siglos de existencia y un gobierno modélico en el que participan estudiantes, docentes, no docentes y graduados.

Según los términos de la tardía denuncia, el catedrático Luis Olmedo sólo daba por aprobada Microbiología si el cursante había pasado por la academia que él regenteaba y abonado el cursillo. Los que no tenían fondos o se creían con la preparación necesaria para rendir por las suyas, eran bochados. Y mordían el polvo de la derrota una, dos, tres veces hasta que entendían o abandonaban.

Los periodistas que han investigado la historia completa se han encontrado con personas ahora adultas que arrastran desde la adolescencia la frustración de haber defeccionado por culpa de Microbiología, un escollo que sólo podía ser removido con plata. A otros, esa asignatura los llevó, en el mejor de los casos al diván del psicólogo o, en el peor, los hace recordar con nostalgia lo que pudo haber sido y dejaron en el camino.

Unas treinta cuadras separan el decanato de Odontología del de Derecho. Aunque los damnificados no se animaran a exponerse a una presentación formal, es casi incomprensible que no se les haya ocurrido una consulta o un planteo reservado a nivel del Centro de Estudiantes como para que los que ejercen la representación del claustro tuvieran la oportunidad de hacer algo para terminar con el problema.

Es impensable que los chicos hayan creído que era legítimo que aprobaran la materia únicamente los que pagaban el curso en la academia del docente y muy raro que ninguno de ellos lo comentara a amigos y familiares para que alguien que no perteneciera a la universidad fuera capaz de sugerir la forma más eficiente de acabar con el chantaje.

No hay demasiados antecedentes de un profesor chantajeando a grandes cantidades de alumnos. Son más habituales los casos de complicidad con integrantes de los otros claustros. La historia reciente registra lo ocurrido en 2007 cuando dieciocho estudiantes de la Facultad de Derecho de Tucumán fueron procesados por la Justicia acusados de "falsificación de documento público" por haber adulterado exámenes.

El fallo fue dictado dos años más tarde por el juez federal Nº2 de Tucumán, Mario Racedo, quien procesó sin prisión preventiva a los alumnos y al jefe de la Dirección Registro de Alumnos de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales porque habían conseguido acceder a la base datos y cambiar la calificación de las materias que habían reprobado.

Más cerca en el tiempo, hace apenas dos años, se produjo el escándalo de ricos y famosos que invirtieron millones de dólares en seis universidades norteamericanas para garantizar el ingreso de sus hijos. Prestigiosos docentes recibieron jugosas coimas disfrazadas de aportes para el desarrollo cultural o científico, de parte de millonarios que no querían arriesgarse a esperar que sus herederos confeccionaran correctamente el examen de admisión. El caso se ganó un lugar en los libros de historia gracias a que entre los involucrados se encontraba Felicity Huffman que pagó por el ingreso de la hija que tiene con el también actor William Macy.

El episodio que ahora investiga la justicia federal en Córdoba es extraordinario. No sólo por su duración sino porque el responsable excluyente, es un profesor y sus víctimas conforman una lista interminable que creció con los años, sin que nadie atinara a abrir la boca.