Luz, cámara...¿Acción?

El presidente del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa) y galardonado realizador Luis Puenzo fue removido del cargo y reemplazado por Nicolás Batlle poco después de la sorprendente manifestación que alteró el microcentro porteño en los primeros días de abril y que incluyó enfrentamientos con la policía y detenidos y marcó la irrupción en las calles de figuras que nadie relacionaría con luchas sindicales.

Por lo inesperada, no se entendió al principio la virulencia de la protesta ni su auténtica motivación que, básicamente, tiene que ver con el financiamiento del cine, una actividad de  gran efecto multiplicador y que involucra no sólo al ámbito más o menos pequeño de actores, productores y directores para extenderse a los que realizan las tareas vinculadas y a las actividades directamente beneficiadas por lo que se ve en pantalla, como el turismo.

El Incaa es un ente público no estatal que funciona en el ámbito del Ministerio de Cultura de la Nación, cuya misión es promover, fomentar, fortalecer y regular la producción audiovisual.

El Instituto se alimenta del Fondo de Fomento Cinematográfico (FFC), establecido en la Ley 24.377, conocida como ley de cine, de 1994. Se integra con un impuesto del 10 por ciento sobre el precio de las entradas a las salas de todo el país, el 10 por ciento del precio de venta de videogramas grabados -como los ya obsoletos DVD- y el 25 por ciento de la recaudación del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom).

La movilización que terminó con la administración del hombre que levantó el Oscar por “La historia oficial” fue la filtración de un borrador para un futuro e inminente decreto presidencial que establecería  un nuevo tope de subsidios. Y además,  la certeza de que el 31 de diciembre de este año, según la ley 27.432 aprobada durante el gobierno de Mauricio Macri, el Incaa dejará de percibir los impuestos a las entradas al cine y a los videogramas grabados que, juntos, integran una parte sustancial del fondo que subsidia la actividad.

Según los datos que publicó el Incaa, en los dos últimos años, coincidentes con la administración de Alberto Fernández, el organismo ha desembolsado 3.500 millones, un monto que parece importante medido en pesos y es bajísimo si se lo calcula en dólares, la moneda que hay que tener presente para el 90 por ciento de los insumos cinematográficos.

Los dos grandes tipos de subsidios que otorga el instituto de cine son por exhibición en sala en función de la recaudación por la venta de entradas y por medios electrónicos que es un pocentaje fijo, que tiene un tope máximo de 96 millones y que se ofrece en concepto de anticipo mientras la producción está en rodaje.

La nómina de filmes que mayor cantidad de subsidio recibieron en los dos últimos años está encabezada por “El robo del siglo” que dirigió Ariel Winograd, protagonizaron Francella, Luque, Peretti y Ferro y vieron más de 2 millones de personas. La segunda es “La Odisea de los giles” con Darin y Brandoni, entre otros, dirigidos por Sebastián Borensztein y que supero el 1.900.000. Hasta el quinto puesto se escalonan “El alivio”, “Hugo, Paco y Luis” y "Flipper”, tres realizaciones que pocos recuerdan.

Esa cuestión, qué subsidiar y en función de qué objetivos, es la suele originar polémicas. Desde enero de 2020 hasta marzo de este año, 128 películas recibieron subsidios del Incaa por encima de los 10 millones de pesos. De ese total 79 todavía no se estrenaron y 8 pasaron por las salas pero cortaron menos de 100 entradas.

El debate continúa y crecerá exponencialmente cuando se acerque el fin de año y el vencimiento de los impuestos que le dan existencia al FFC y eso que, para no complicar el panorama, ni siquiera ponemos sobre la mesa cuestiones insoslayables como el federalismo y el apoyo que a veces demandan, sin suerte, las productoras del interior.