Opinólogo, una profesión sobrevalorada

Los exégetas de la comunicación dicen que el público elige leer, ver y escuchar lo que confirma sus ideas y su visión del mundo. Ese es el principal motivo por el cual suele advertirse un interés especial de los medios por remarcar con trazos gruesos sus perfiles editoriales.

Esa situación no debería implicar, no obstante, una alteración de la realidad sino, apenas, una selección temática que satisfaga a sus seguidores.

El apego a los hechos, cualquiera sea la orientación del medio, demanda investigación, consulta a distintas fuentes y chequeos varios.

Desafortunadamente, la necesidad de satisfacer lo que quiere escuchar el público se manifiesta en el trabajo a destajo de opinólogos que, para cada asunto, tienen una sentencia inapelable.

La inmediatez con la que se pronuncian suele conspirar contra la veracidad de lo que comunican. En ocasiones no se altera la naturaleza del hecho, pero se lo agiganta y descontextualiza hasta cambiar su significado.

El domingo de las elecciones en Boca, Buenos Aires amaneció con imágenes de la devastación que dejó una tormenta que se cobró 15 vidas y provocó pérdidas millonarias.

Al menos en tres canales de noticias decidieron dedicar largos y coléricos comentarios a la decisión del presidente de la Nación de ir a votar en el club del que es socio.

La emisión del sufragio demandó tres minutos; probablemente la mitad del tiempo que gastaron en criticar a Milei por la supuesta frivolidad de concurrir a las urnas en lugar de viajar a Bahía Blanca, la ciudad más afectada por la tempestad.

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En realidad, el jefe de Estado estaba en vuelo hacia la zona de desastre cuando resonaban los ecos de las quejas de los opinólogos mañaneros.

Una semana antes la víctima propiciatoria de los que creen que cinco minutos de indignación no se le niegan a nadie había sido Alberto Fernández y su último decreto sobre la custodia de ex mandatarios.

Hay abundante evidencia de que ni siquiera se tomaron el trabajo de leer el texto con detenimiento; hubo unanimidad de criterio: lo único que pretendía era que el Estado argentino le cubriera el costo de su seguridad en el exterior.

En otra época le hubieran demandado al editorialista que comparara la legislación vigente y la nueva para establecer diferencias. Pero no fue éste el caso.

Nadie quiso enterarse de que, en realidad, la custodia de los ex presidentes ya estaba contemplada y que, en rigor, lo que cambiaba era la repartición que en lo sucesivo se haría cargo del tema.

Pero el enojo escaló sin parar y la confusión llegó, inclusive, a la nueva administración. La ministra Patricia Bullrich dio por cierto lo que afirmaban prestigiosos columnistas y llegó a publicar en las redes sociales un decreto trucho modificando el firmado por Fernández.

Le tomó otras 24 horas admitir que se había dejado llevar por dichos de los indignados que no se correspondían con la realidad. Al fin dijo “acá hubo una confusión entre lo que salió y lo que verdaderamente se publicó”.

Pero, salvo para los que se toman el trabajo de seguir los temas y leer todo lo que se escribe, la versión mentirosa es la que quedó en la calle y alimenta la cuota de indignación de los que necesitan una calamidad diaria para justificar su perpetuo malhumor.

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