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29/05/2024 | 09:15
Redacción Cadena 3
María Arrieta
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Discapacidad: ¿Qué pasaría si se desregula el actual sistema de prestaciones?
Hoy en todo el país personas con discapacidad, familiares, organizaciones de la sociedad civil, y profesionales se movilizarán para tratar de frenar la desregulación de prestaciones para personas con discapacidad. En tanto que el viernes 31 también habrá una movilización en Córdoba Capital organizada por la Cámara de Prestadores de Discapacidad y el Colectivo 3 de Diciembre, entre otras organizaciones.
El objetivo de estas marchas es evitar que el gobierno Nacional apruebe un decreto que propone una modificación significativa en el directorio de prestaciones básicas de discapacidad y la desregulación del sistema único, con graves consecuencias para las personas de este sector.
María Belén Frías, de las ONG representadas en Cofedis y de la Red de Vida Independiente Córdoba explicó a Diversidad que el pasado 4 de abril, desde el Ejecutivo Nacional y el programa Incluir Salud, se presentó un proyecto de decreto ante el director de la Agencia Nacional de Discapacidad. Este proyecto propone una modificación significativa en el directorio de prestaciones básicas de discapacidad y la desregulación del sistema único de prestaciones básicas de discapacidad.
Desde hace más de 25 años, el sistema de prestaciones básicas para la habilitación y rehabilitación ha sido una de las políticas públicas más destacadas y exitosas en el ámbito de la discapacidad, siendo ampliamente reconocida a nivel internacional. Esta política se fundamenta en dos conceptos clave: la integralidad y la universalidad.
Integralidad: Consiste en el deber de brindar una cobertura total al 100% de las prestaciones de servicios a las personas con discapacidad.
Universalidad: Garantiza que todas las personas con discapacidad certificada, sin importar si están afiliadas a obras sociales o no, accedan a servicios y prestaciones de la misma calidad.
Estas bases están establecidas en el artículo y el anexo del decreto 11/93 de 1998, que ha asegurado que las prestaciones sean equitativas y accesibles para todos.
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“La integralidad es el deber de la cobertura total al 100% de la prestación de servicios y la universalidad es que todas las personas con discapacidad certificada (es decir con CUD), sin importar si tienen obras sociales, pueden acceden a servicios y prestaciones de la misma calidad”, explica Belén Farías.
Si esto cambia, “cada financiador va a tener sus propios aranceles” y en consecuencia habrá “usuarios de primera categoría, segunda o tercera”, es decir que la atención dependerá de lo que cada quien puede pagar.
Belén advierte que, en la provincia, el Apross tiene firmado un acuerdo de ley de adhesión progresiva al nomeclador nacional, por lo que si se aprueba este decreto “la situación se pondría agravar más de lo que ya está”.
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