Allanamiento ilegal, robo y falsificación: policías implicados quedarán presos

Este viernes se llevó a cabo una audiencia clave en el marco de una investigación penal que involucra a seis suboficiales de la Policía de Acción Táctica Regional Rosario, quienes están acusados de cometer una serie de delitos graves durante un operativo ilegal.

La Fiscalía de la Unidad de Criminalidad Económica y Trata de Personas, representada por el fiscal federal Javier Arzubi Calvo y su equipo, presentó cargos que incluyen violación de domicilio, robo agravado, falsificación ideológica y asociación ilícita.

Los hechos. El episodio que motivó la investigación ocurrió el 13 de agosto de 2024, cuando los suboficiales Fernando Ferreira, Iván Schneider, Jesús Balais, Guillermo Toledo, Gerardo Pérez y Sergio Robledo ingresaron sin autorización a una vivienda en la calle Forest 56, alrededor de las 16:30 horas.

Los policías, vestidos con sus uniformes y portando armas reglamentarias, llegaron en dos móviles oficiales. En el interior de la casa, redujeron a los tres adultos presentes, esposaron a dos de ellos y confinaron a una mujer con sus hijos menores de edad bajo la custodia de uno de los agentes.

El grupo de suboficiales, bajo las órdenes del jefe de tercio Renzo Michelud y del oficial Agustín Martínez, quienes arribaron posteriormente, llevó a cabo una requisa no autorizada en busca de drogas y dinero. Según la Fiscalía, el allanamiento ilegal incluyó violencia y amenazas, sin la presencia de testigos.

Falsificación y robo. Tras realizar el operativo, los policías se comunicaron con la Fiscalía de Flagrancia del Ministerio Público de la Acusación (MPA) a las 18:36 horas, proporcionando una versión falsa de los hechos. Según el oficial Michelud, los móviles estaban realizando un patrullaje cuando persiguieron a dos sospechosos que ingresaron corriendo a la vivienda. Esta versión fue documentada en un acta oficial firmada únicamente por los seis policías involucrados inicialmente.

Además de la falsificación del informe, se denunció que durante el allanamiento ilegal los agentes habrían sustraído una importante cantidad de bienes ilícitos. Entre lo robado se incluyeron entre 12 y 15 kilogramos de cocaína, armas de fuego, cuchillos, y una suma de dinero que asciende a 50 mil dólares, 500 dólares adicionales y 285 mil pesos en efectivo. También se llevaron indumentaria y celulares pertenecientes a los residentes del domicilio. Todos estos objetos habrían sido trasladados en los mismos móviles policiales en los que posteriormente llevaron a los detenidos.

Consecuencias. El resultado del operativo terminó con la detención de tres adultos, uno de nacionalidad boliviana y otro de nacionalidad peruana, quienes fueron acusados y encarcelados preventivamente durante 45 días. Sin embargo, el juez de garantías Marcelo Martín Bailaque declaró la nulidad del procedimiento el 27 de septiembre de 2024, y ordenó su sobreseimiento y liberación inmediata.

Calificación legal y resolución. Los policías implicados enfrentan cargos por privación ilegítima de la libertad (art. 142 bis), violación de domicilio (art. 150), robo agravado (art. 166), falsificación ideológica (art. 293), asociación ilícita (art. 210) y encubrimiento (art. 277). Todos los acusados, salvo el oficial Agustín Martínez, fueron procesados con prisión preventiva por 90 días, mientras que Martínez cumplirá 30 días de detención preventiva.

El juez Carlos Vera Barros, quien presidió la audiencia, rechazó los pedidos de libertad con restricciones realizados por la defensa. Asimismo, se autorizó la realización de peritajes sobre las armas, teléfonos celulares y otras evidencias relacionadas con los delitos.