Armas y espionaje: juez validó los "allanamientos"

Uno de los principales argumentos de los ex funcionarios del Ministerio de Seguridad de Santa Fe que están bajo sospecha por negociados en la compra de armas y por investigaciones ilegales con fines políticos es que los "allanamientos" en las oficinas -registro- fueron "irregulares".

Sin embargo, ese postulado fue rechazado por el juez santafesino Héctor Candioti, que de ese modo además validó la prueba recolectada y cuya gran parte mantienen bajo reserva los fiscales de Delitos Complejos Mariela Jiménez y Ezequiel Hernández a la espera de la imputativa por el segunda causa.

La mención de Candioti, que ratifica la investigación, es uno de los puntos sobresalientes de la resolución en la que trabó un embargo y reglas de conducta para el ex ministro Marcelo Sain, el ex vice Germán Montenegro y el encargado de Finanzas, Maximiliano Novas.

Allí, el juez advirtió que el cuestionamiento de las defensas al registro a las oficinas del Ministerio de Seguridad, señalando que se necesitaba una orden judicial de allanamiento para el lugar y conocimiento al ministro Lagna, es una postulación que "no puede ser aceptada".

Había sido uno de los principales argumentos de los implicados para evitar que la prueba sea procesada: allí hay computadoras, discos y teléfonos celulares. Y prueba para las dos investigaciones.

"Conforme surge del texto del art 169 cuarto párrafo, los edificios públicos y oficinas administrativas, no es necesaria la orden de allanamiento, debiedo darse cuenta a la persona a cuyo cargo esté el local, habiéndose informado en el curso de la audiencia que el titular del ministerio -Lagna- no se encontraba en el lugar, razón por la que no se ha violado la normativa legal dispuesta para el caso", explicó el juez Candioti.

Así, le dio un fuerte respaldo a las investigaciones por presuntas irregualaridades en un proceso de compra de armas por $1.400 millones para la Policía y en la de recopilación ilegal de datos de miles de personas e instituciones a discreción y con fines políticos que durante la gestión de Marcelo Sain.

Si bien los allamientos -en el caso término más periodístico que técnico- fueron en noviembre, por la segunda causa aún no hay fecha de audiencia imputativa ni se conoce la prueba.

Informe de Hernán Funes.