Cambios en IAPOS: con bono digital, el Gobierno va contra sanatorios y médicos

Tras semanas de pruebas y trabajos en sistemas informáticos, IAPOS (Instituto Autárquico Provincial de Obra Social) empieza, paulatinamente, a ofrecer la opción de un bono digital para sus afiliados. La nueva herramienta llega para reemplazar y digitalizar trámites en papel y pedidos médicos. Pero también se implementa para poner orden donde la entidad cree que hay “un mercado negro”. Y es, a su vez, el aperitivo de un formato de denuncias direccionado contra médicos y sanatorios.

Puntualmente, el bono digital estará indexado a la aplicación Mi IAPOS, que contendrá una suerte de historial de consultas y trámites médicos de cada afiliado. Para promoverlo, la provincia estudia que el costo digital sea un 25 por ciento menor al costo en papel, y también diseña un modelo de incentivos para los profesionales médicos.

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Asimismo, la digitalización del sistema implica la puesta en marcha de un plan que el Gobierno de Santa Fe está desarrollando desde hace al menos dos meses. Ese plan tiene como objetivo ir en contra del cobro de copagos y de la indebida utilización de los bonos. Lo presentan como un programa que prioriza a los afiliados, pero lo cierto es que aún no cicatriza la herida que generó la pírrica batalla contra los sanatorios.

Corría el mes de abril cuando por diferencias en materia de pagos y aranceles, la Asociación de Clínicas Sanatorios y Hospitales Privados de Santa Fe decidió interrumpir la atención para los afiliados de IAPOS. El reclamo contra la provincia se extendió hasta el mes de mayo, cuando tras varias reuniones se reestableció el servicio para los 600 mil pacientes de la obra social provincial. La mesa chica del Gobierno nunca les perdonó a los privados del sistema de salud esa medida de fuerza.

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Posiblemente a finales de agosto o entrado el mes de septiembre, IAPOS pondrá en marcha la masividad del uso de los bonos digitales. Silvio González, subsecretario de Planificación y Articulación interinstitucional del IAPOS, contó detalles a Cadena 3.

“Los afiliados van a poder realizar todas las transacciones que sean necesarias de forma digital. Todas esas prestaciones que recibe el afiliado se cargarán automáticamente en el historial de su aplicación del celular. Esto permitirá hacer un seguimiento del consumo de los afiliados y también nos servirá para empezar a corregir algunas prácticas abusivas”, comenzó González, hombre que oficia de nexo entre IAPOS y el Ministerio de Economía, y por ende, está enfocado en la transparencia y la eficacia del sistema de gastos y contrataciones.

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“Sabemos que hay profesionales que por ahí piden más de una orden de consulta, lo que claramente es ilegal, es una manera de plus encubierto y en caso de que el afiliado en algún momento denuncie por ejemplo que se le cobró algún tipo de adicional el día de la consulta, lo puede relacionar perfectamente con ese bono digital que registró. ¿Y cómo el afiliado va a demostrar que le cobraron un copago?”, se preguntó.

Y respondió: “Iremos por el lado de la protección del afiliado. Sin demasiados elementos vamos a reintegrarle automáticamente, por supuesto hasta un tope, y luego la obra social tomará diferentes medidas con estos profesionales que han sido denunciados por prácticas abusivas. Hoy los bonos circulan de manera no nominada. Hay muchos profesionales que no están dentro del padrón del IAPOS, que atienden afiliados con su bono y ese bono lo cobra un médico que sí está empadronado. Eso tampoco se va a poder hacer más. Hay un mercado negro de órdenes de consulta”.

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Lo que reveló González es, palabras más, palabras menos, lo que se le escuchó decir a un alto funcionario de Economía a mediados de junio en una oficina del primer piso, ala izquierda, de la sede de Gobierno de Santa Fe en Rosario. Al anunciar la estrategia, supo que la salud privada y los profesionales ofrecerían cierta resistencia, pero se mostró convencido de salir a pelear.

¿Cuál es la parte del sistema que puede generar conflicto? La facilitación de un servicio de encuesta de satisfacción en el que los afiliados podrán denunciar el cobro de copagos. Ante la reiteración de denuncias, los organismos tributarios provinciales se encargarán de que el incumplidor de la ley sea señalado como “contribuyente de alto riesgo fiscal”. De esa forma, el Gobierno buscará ponerle un freno a las mencionadas “prácticas abusivas”.

Negociación por aranceles

En estas últimas semanas, la agenda de reuniones entre IAPOS, sanatorios y profesionales médicos estuvo cargada. El tema, una vez más, fue la actualización de los aranceles y otras aristas que también son parte de la negociación.

En ese contexto, desde la Asociación de Clínicas Sanatorios y Hospitales Privados de Rosario explicaron que lo ofrecido “nunca termina de alcanzar”, aunque destacaron que en comparación con mesas de negociación anteriores “hubo avances”. Consultados por la relación que mantienen con la provincia, aseguraron que “está bien”.

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De acuerdo a lo que pudo saber este medio, la oferta que hay sobre la mesa es un incremento del 30 por ciento en los aranceles para agosto y septiembre, que se sumaría a la suba del 43 por ciento acordada en marzo.

La Asociación Médica de Rosario (AMR), por su parte, aseguró que actualmente el valor del pago de la consulta médica que perciben de las prepagas y obras sociales ronda los 9 mil pesos. La facturación puede darse a 30 días de la consulta, y el pago puede demorar entre 30 y 60 días más. El Colegio de Médicos de Santa Fe presentó en la Legislatura Provincial un proyecto de ley de regulación de honorarios médicos. Aproximadamente, calculaban que el valor de la consulta debía estar cerca de los 20 mil pesos.