Empezó el juicio: primer round entre Damfield y la provincia en Tribunales

El conflicto abierto por el freno por irregularidades y falta de permisos definitivos para el proyecto del barrio privado Damfield en Funes ya está formalmente en juicio. Es que, ante la clausura por decreto de las obras, los desarrolladores presentaron un recurso de amparo en Tribunales y una jueza está a punto de resolver si admite o no una cautelar para poder avanzar con el loteo.

Mientras tanto, el Gobierno de Santa Fe respondió en duros términos: plantean que si la Justicia le da la razón se viola la división de poderes.

Fuentes judiciales confirmaron a Cadena 3 Rosario que ya se tramita en el Juzgado Civil y Comercial Nº17, a cargo de Silvia Beduino.

La posición de los desarrolladores

Los apoderados de Davik SA, sociedad fiduciaria del Fideicomiso Damfield, cuestionaron en particular el decreto del gobernador Maximiliano Pullaro y todos los ministros que dispuso la paralización de las obras en el loteo y la resolución del Ministerio de Obras Públicas que revoca todas las autorizaciones hídricas.

La presentación, de más de 50 páginas, lleva las firmas de los abogados Hernán José y Hernán Augusto Martínez, Miguel Amuchástegui y Andrés Candia. Los profesionales piden suspender los actos del Gobierno y obtener una cautelar para avanzar con la obra mientras se sustancia la discusión de fondo, que incluye las últimas conclusiones sobre el impacto ambiental.

"Afectan la libertad de trabajar y de ejercer toda industria lícita, de comerciar libremente y de usar y disponer de la propiedad privada", aseguran, con cita a los artículos 14 y 17 de la Constitución.

Damfield admite que tiene compromisos en cuanto a plazos de ejecución y entrega de obra -con los inversores y compradores de terrenos- y amenazan con "no poder hacer frente al pago de salarios de numerosos trabajadores, ni cumplir con las obras comprometidas y obligaciones asumidas", incluyendo acuerdos con proveedores de servicios como la EPE y Litoral Gas.

En el lugar, lindero al desarrollo deportivo que funciona a pleno con canchas, un gimnasio y la Copa Pymes de fútbol amateur, habían iniciado los trabajos para concretar el anunciado barrio cerrado con lotes de 800m2 que fueron vendidos hasta en 130 mil dólares. Todo está en suspenso.

El contragolpe

El Gobierno de Maximiliano Pullaro, a través de la Fiscalía de Estado, negó todos y cada uno de los puntos y respondió que "una cautelar es inadmisible e improcedente". Especialmente, remarcaron que "están en juego cuestiones medioambientales" y que hay un caso "de gravedad institucional". Públicamente indicaron que el desarrollo inmobiliario está sobre terrenos inundables y que la iniciativa es "inviable".

El caso es tramitado por los abogados Gabriela Waibsnader y Federico Carlos Müller, con patrocinio de Domingo Rondina, Fiscal de Estado, y Natalia Capparelli, Fiscal de Estado adjunta.

Los abogados recordaron especialmente que los trabajos sobre el suelo se iniciaron sin el certificado de aptitud de proyecto de drenajes urbanos y, en consecuencia, sin la posterior aprobación del Ministerio de Medio Ambiente. "Constituyen requisitos indispensables para habilitar el inicio de las obras", plantearon.

En tanto, indicaron que si la jueza Beduino cede ante el planteo de Damfield, "implicaría una severa violación a las normas y garantías consagradas en la Constitución de Santa Fe y en la Carta Magna Nacional vinculadas al principio de división de poderes".

Abierto el primer round, la jueza tendrá una primera resolución a muy corto plazo.

Con información de Hernán Funes.