Imputaron al senador Traferri como jefe de una asociación ilícita en Rosario

En una audiencia llevada a cabo en el Centro de Justicia Penal de Rosario, el senador provincial por el departamento San Lorenzo, Armando Traferri, fue imputado como líder de una asociación ilícita dedicada a dar cobertura al juego clandestino en la provincia de Santa Fe.

Los fiscales José Luis Caterina, Marisol Fabbro y María de los Ángeles Granato lo acusaron de encabezar una organización criminal que aseguraba protección política y judicial a actividades ilegales relacionadas con juegos de azar.

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La audiencia imputativa, que comenzó el martes y terminó este miércoles, formalizó la acusación de varios delitos contra el legislador. Entre los cargos atribuidos se encuentran: asociación ilícita en carácter de jefe, organización y explotación de juegos de azar sin autorización legal, tráfico de influencias agravado, negociación incompatible con la función pública, cohecho pasivo y peculado de caudales públicos.

Detalles de la acusación. Según la Fiscalía, la organización estaba estructurada de manera jerárquica y contaba con miembros que desempeñaban funciones clave. La red tenía como objetivo la explotación de juegos clandestinos y el ocultamiento de las ganancias generadas. Además, se dedicaba a garantizar impunidad mediante la infiltración en el Ministerio Público de la Acusación de Rosario y la manipulación del sistema judicial para proteger a los miembros de la organización, incluso después de haber sido detenidos.

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El senador es señalado como la cabeza de esta estructura, que no solo buscaba beneficiarse del dinero ilícito generado por las casas de juego ilegal, sino también asegurar la concesión de juego online en la provincia a través del sistema VLT (terminales virtuales de lotería). Para blindar estas actividades, la organización ofrecía sobornos a funcionarios públicos, quienes a cambio omitían sus deberes de persecución penal.

Medidas cautelares. La jueza Eleonora Verón, a cargo de la audiencia, dispuso la prohibición de acercamiento por seis meses hacia un grupo de personas involucradas en la causa, entre ellos Leonardo Peiti, Gustavo Ponce Asahad y Patricio Serjal, quienes desempeñaban roles dentro de la organización. La medida busca garantizar la seguridad de los testigos y prevenir posibles influencias sobre el curso de la investigación.