Crisis económica
18/10/2024 | 17:54
Redacción Cadena 3 Rosario
El Senado de Santa Fe aprobó por unanimidad el proyecto de ley para expropiar la planta de Dow Química en Puerto General San Martín, luego del anuncio de su cierre. La medida, que afecta a 120 empleos directos y a otros 3.000 indirectos, busca evitar el cese de operaciones, tal como ocurrió en 2021 cuando la empresa amenazó con abandonar el país.
En una reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria, en la que inicialmente se preveían tratar otros asuntos, los senadores decidieron avanzar rápidamente con la propuesta de expropiación, enviando el proyecto a la Cámara de Diputados.
Según el autor de la iniciativa, la ley debe ser entendida como una herramienta clave en las negociaciones entre el gobierno provincial y la empresa.
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El senador por San Lorenzo, Armando Traferri, recordó que una medida similar en 2021 fue fundamental para evitar el cierre de la planta en medio de la crisis mundial de suministros durante la pandemia. Hoy, señaló, la empresa enfrenta nuevamente problemas con sus insumos, lo que pone en riesgo su continuidad.
Traferri destacó que Dow Química, una pieza esencial en la producción de electrodomésticos, emplea a 120 personas en forma directa y que otros 3.000 puestos de trabajo indirectos están en peligro en toda la provincia. Además, subrayó la importancia de la planta para el desarrollo de la industria nacional, instando a una pronta acción por parte del gobierno provincial.
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El proyecto de ley, cuyo primer artículo declara de utilidad pública la empresa Dow Química y la sujeta a expropiación, abarca todos los activos necesarios para el funcionamiento de la planta en Puerto General San Martín. Esto incluye bienes inmuebles, maquinaria, instalaciones y la producción de polioxipropilenglicol y éteres glicólicos, vitales para su operación.
El segundo artículo del proyecto detalla que todos los activos relacionados con la producción están incluidos dentro del proceso expropiatorio. Asimismo, se faculta al Poder Ejecutivo Provincial a llevar adelante el proceso y a convocar a posibles inversores privados que quieran asumir la continuidad operativa de la planta.
Por último, el Ejecutivo deberá conformar un registro de las propuestas recibidas para determinar a qué inversor se le adjudicará la operatoria de la planta, con el objetivo de preservar los puestos de trabajo y el proceso productivo. Además, se autoriza a realizar los ajustes presupuestarios necesarios para cumplir con la ley.
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