Una potente imputación por delitos como senador sorprende a Traferri

Cuatro años después, el histórico caudillo justicialista Armando Traferri se sentó en el banquillo de los acusados en el Centro de Justicia Penal y escuchó una pesada acusación por hechos de corrupción "aprovechando las influencias como senador por Santa Fe" que analizaron y finalmente volcaron los fiscales José Luis Caterina, Marisol Fabbro y María de los Ángeles Granato.

Desde 2020 en adelante, todo lo que pasó en el medio incluyó escenas y alta tensión en la Justicia y la política de Santa Fe. El fiscal José Luis Caterina leyó la primera parte de las más de 300 páginas en la que los fiscales volcaron. Entre los asistentes estaba el jefe interino de fiscales en Rosario, Matías Merlo.

"Pasen ustedes", ofreció Traferri con una sonrisa a sus abogados al llegar puntualmente al segundo piso. La gestualidad del senador cambió a medida que el fiscal enumeraba los hechos, pruebas y nombres. Peiti, Serjal, Ponce Asahad, Ugolini, Matías Drivet, Larrauri, Rossini, Scataglini, Paulichenco, Fernández Chemes. Todo giró alrededor del juego ilegal.

Según los fiscales, Traferri "cooperó a la organización de juegos de azar aprovechando las influencias como senador por Santa Fe infiltró al Ministerio Público de la Acusación" y "desde abril 2017 hizo valer su influencia para que el juego ilegal pase por Serjal o Ponce Asahad. Eso incluyó reestructuraciones internas en el MPA".

"Serjal lo llamó el mismo día que fue designado fiscal regional", explicaron, con detalles del horario y más, y "actuó con pleno conocimiento de las actividades de juego clandestino".

Los fiscales encuadraron sus conductas en la potente calificación legal: jefe de asociación ilícita, organización y explotación de juegos de azar ilegales, tráfico de influencias agravado, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, cohecho pasivo y peculado. Todo incluyó hasta acercamientos al camarista santafesino Matías Drivet o el uso de subsidios para favorecer al empresario Peiti cuando fue detenido.

El senador, que renunció parcialmente a los fueros, llegó puntualmente y escuchó la audiencia junto a sus abogados Oscar Romera y Juan Ignacio Murray. Tras los fiscales, estaba previsto que la defensa también vuelque su posición.

Cerca de las 15.30, la fiscal Fabbro tomó la palabra y continuaba relatando episodios: reuniones, llamados, sociedades, informes, teléfonos abiertos y hasta una oferta de ascenso a un juez. En todos aparece directa o indirectamente nombrado: "Pipi" o "el hombre de San Lorenzo".

La puntillosa atribución de los nuevos fiscales designados en la causa no escapaba a los que plantearon inicialmente Luis Schiappa Pietra y Matías Edery. Muchos de los hechos fueron reconocidos por los implicados en juicios abreviados.

Si en la arena política o judicial había dudas sobre los fiscales designados este año en la causa tras la implosión del MPA Rosario, al enunciar "medio código penal" contra el senador despejaron todas las dudas. "No hay nada nuevo", contrarrestaron alrededor de la defensa en un cuarto intermedio.

La jueza escucha antes de resolver

Por su parte, la jueza Eleonora Verón, la misma que en 2020 intervino en la causa y tomó decisiones de peso como ordenar las detenciones -formato de prisión preventiva- de Patricio Serjal y Gustavo Ponce Asahad, escuchaba a las partes para analizar y resolver si acepta o no la calificación legal y los hechos.

De aceptarlo, una de las incógnitas es qué reacción tendrá el Senado santafesino a partir de los delitos atribuidos justamente por su rol como senador por el departamento San Lorenzo. En ese contexto, no es menor que la Legislatura analiza distintos proyectos para reformar la Constitución provincial.

Por ahora, estaba previsto que el debate judicial continuara el miércoles.

Con información de Hernán Funes.