El sucesor de Malcorra
30/05/2017 | 15:44 | La Oficina Anticorrupción (OA) denunció en 2012 al designado canciller por una sociedad no declarada, que mantenía con el secretario privado de Carlos Menem.
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En 2002, la Oficina Anticorrupción denunció a Faurie (Informe de Fabio Ferrer).
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La causa contra Faurie se archivó en 2003 (Informe de Fabio Ferrer)
Jorge Faurie, actual embajador argentino en París, arrastra una denuncia de septiembre de 2002 efectuada por la Oficina Anticorrupción (OA).
La secretaria privada de María Romilda Servini confirmó fuera de micrófono que la causa es de 2002, se archivó en 2003 y Faurie fue sobreseído.
La semana que viene -indicó- la van a desarchivar para ampliar toda la información relacionada con este expediente.
En ese entonces, Faurie era vicecanciller y embajador designado en Portugal. La denuncia fue por haber omitido consignar en su declaración jurada una sociedad que compartía con Ramón Hernández, secretario privado del ex presidente Carlos Menem.
Faurie era su socio en la empresa Costes SRL, inscripta en la Inspección General de Justicia y había suspendido un proyecto para abrir un restaurante mexicano en el salón Tattersall del Hipódromo de Palermo.
El dato había llamado la atención porque, en noviembre de 1999, cuando se desempeñaba como director de Ceremonial, el ahora Canciller le renovó por cinco años el pasaporte diplomático de Hernández, que no lo devolvió aunque los funcionarios políticos pierden ese derecho cuando dejan su cargo.
La empresa en la que Faurie y Hernández eran socios fue constituida el 27 de diciembre de 1999 y obtuvo la personería el 19 de enero de 2000. Por eso, según dispone la ley 25.188 (de Etica Pública), el funcionario debió haber declarado su participación en la sociedad cuando presentó su declaración jurada el 22 de febrero de 2002, después de ser designado vicecanciller por el ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Ruckauf.
En su momento el ahora canciller presentó un descargo y aseguró que no declaró la sociedad porque creía que no debía hacerlo "debido a que efectuó aportes en efectivo, fuera del inicialmente hecho para conformar el capital social, y a que el proyecto se desactivó y no generó ganancias ni otros ingresos".
El delito del que se lo acusó preveía una pena de hasta dos años de prisión e inhabilitación absoluta para ejercer cargos públicos, y quedó a cargo de la jueza federal María Servini de Cubría. Actualmente, el expediente se encuentra archivado y no avanza desde 2013.