Hace 50 años y en democracia, Montoneros decidía pasar a la clandestinidad

María Estela Martínez presidía el país desde el 1° de julio de 1974, día del fallecimiento de su esposo el ex presidente Juan Domingo Perón. 

Dos meses antes, el 1° de mayo y desde el histórico balcón de la Casa Rosada, Perón había “echado” de la Plaza de Mayo a los “Montoneros” y otras organizaciones guerrilleras peronistas calificándolos entre otras cosas de “imberbes” y “estúpidos”. 

Era la primera vez que sucedía algo semejante en la historia del peronismo. Pero, todavía faltaba una gran sorpresa que vino al comenzar septiembre del mismo año 1974, cuando en una conferencia de prensa -a la que solo fueron invitados corresponsales extranjeros y representantes de tres matutinos nacionales- Mario Eduardo Firmenich, anunció que la organización “Montoneros”, que él lideraba, pasaba a la clandestinidad con el fin de “encabezar la resistencia popular contra la ofensiva imperialista y oligárquica que ha logrado copar las posiciones claves del gobierno”, para agregar sin vueltas: “Y reasumir las formas armadas de lucha”. 

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Acompañaban a Firmenich en el encuentro con la prensa los dirigentes Juan Carlos Dante Gullo, de la Juventud Peronista, Adriana Lesgart, de Agrupación Evita, Juan Pablo Ventura, de la Juventud Universitaria Peronista, y a ellos adhirieron luego el Movimiento Villero Peronista y la Unión de Estudiantes Secundarios. 

El comunicado explicado por Firmernich indicaba también que había que “reasumir las formas armadas de lucha, junto con todas las otras formas (actos, movilizaciones, huelgas, etc.) que constituyen la guerra popular integral”.

Entre tales reclamos figuraban la “eliminación de toda forma de represión”, la “devolución a sus legítimas autoridades las organizaciones sindicales”, “derogar artículos de la Ley de Asociaciones Profesionales”, “la anulación del Pacto Social y la convocatoria a paritarias” y “la libertad de los presos políticos”, entre otros exigencias. 

Solo 24 horas después del anuncio, comenzaron a conocerse atentados terroristas en todo el país, incluida la provincia de San Juan. Se iniciaba lo que después se convertiría en una sucesión de enfrentamientos y que terminaría con la irrupción de las Fuerzas Armadas en el manejo del poder, violando la democracia. Paralelamente, desde el Ministerio del Interior se aseguraba que no se había estudiado “la posibilidad de implantar el estado de sitio”. 

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Hay que recodar que tras la renuncia de Héctor J. Cámpora, el 12 de julio de 1973, Montoneros había comenzado a perder poder, sometiéndose a un constante aislamiento, lo que se agravó luego con el asesinato del líder sindical José Ignacio Rucci el 25 de septiembre de 1973, crimen que se atribuyó a Montoneros y aun sin resolver en la Justicia. 

A su vez, tras la muerte de Perón se había desatado una política que se calificó de “terrorismo de Estado”, con la aparición de la organización parapolicial de derecha “Triple A” (Alianza Anticomunista Argentina), que dirigía el entonces ministro de Bienestar Social de la Nación, José López Rega. 

Mientras tanto, pocos días después en los diarios de todo el país se leía que “poderosas bombas” estallaron en las distintas provincias. En San Juan, por ejemplo, Diario de Cuyo publicó que “los artefactos provocaron serios daños en puertas y vidrieras de la concesionaria IKA y en las oficinas de las bodegas Peñaflor y Esmeralda”. Y en esos días, las “62 Organizaciones Peronistas” (agrupación de sindicatos) condenaron la decisión de Montoneros expresando que “los enemigos del pueblo han comenzado a nuclearse estrechando filas en torno a sus bastardos propósitos”. 

Inmediatamente después se expresó la propia presidenta de la Nación. En declaraciones al diario “Il Tempo” de Italia Isabel Martínez aseguró que “combatiremos la violencia con la ley”. Y agregó que pensaba llevar adelante “la revolución pacífica soñada y comenzada por el general Perón”. 

El 31 de julio de 1974 fue asesinado Rodolfo Ortega Peña, diputado nacional justicialista que junto con otros de su mismo grupo habían discrepado públicamente con Perón. El crimen se lo atribuyó la “Triple A”, lo mismo que la muerte de Atilio López, ex vicegobernador y ex secretario general de la CGT cordobesa, muerto el 16 de septiembre de 1974. 

A López lo asesinaron de 130 balazos calibre 9 mm. junto con Juan José Varas, sanjuanino de nacimiento, ex funcionario del gobierno del entonces gobernador de Córdoba Ricardo Obregón Cano. 

Pocos días después, el 20 de septiembre, fueron secuestrados dos importantes ejecutivos, los hermanos Juan y Jorge Born, de la firma Bunge y Born, un resonado caso del que se habló durante años. En el momento del secuestro fueron asesinados el director de Molinos “Rio de la Plata” y su chofer. 

Al día siguiente Montoneros se atribuyó formalmente el secuestro. 

Hechos de esta trascendencia continuaron sucediéndose, mientras desde el gobierno se comenzaron a anunciar reuniones de la presidente con los jefes de las tres fuerzas armadas. 

Ahí surgiría tiempo después, el 8 de septiembre de 1975,el discutido decreto N° 2452/75, denominado “de aniquilamiento de la subversión”, y meses antes, el 9 de febrero de 1975 se había iniciado el “Operativo Independencia” en la provincia de Tucumán donde el llamado Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) con su “Compañía Ramón Rosa Jiménez” buscaba establecer en esa provincia un foco de guerrilla rural y una “zona liberada con bandera propia”, que no era la bandera de Argentina. 

Curiosamente, en estos días, del medio siglo de aquel pase a la clandestinidad de Montoneros, y tras expresarse recientemente la vicepresidente de la Nación, Victoria Villarruel, pidiendo el juicio a “todos los montoneros responsables de  crímenes”, acaba de ser el propio Mario Firmenich quien le ha respondido en las ultimas horas, haciendo un llamado para “desarrollar una alternativa política popular de significación”.