Deudores de cuotas alimentarias, sin fútbol ni recitales

Quiero abordar una iniciativa que me parece digna de ser analizada en profundidad. Se trata de la propuesta impulsada por el legislador porteño Juan Manuel Valdés, que busca prohibir el acceso a canchas de fútbol y recitales a los deudores de cuotas alimentarias en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Esta medida, aunque suena radical, se presenta como una nueva herramienta para combatir la morosidad en el cumplimiento de las obligaciones parentales.

Desde 1999, Buenos Aires cuenta con un registro de deudores alimentarios morosos, una legislación que permite identificar y registrar a aquellos que no cumplen con la manutención de sus hijos e hijas. Sin embargo, los datos son alarmantes: casi siete de cada diez padres no convivientes incumplen con el pago regular de las cuotas alimentarias. Más de la mitad de las madres no recibe ningún tipo de aporte por parte del progenitor. Esto refleja un incumplimiento muy alto de una responsabilidad que, además, es considerado un acto de violencia política y simbólica, según múltiples fallos judiciales.

Es evidente que estamos ante un problema grave que afecta no solo a los niños y niñas, sino también a las madres que se ven obligadas a afrontar con esta carga financiera. Frente a esta situación, el legislador Valdés plantea que es necesario avanzar en decisiones legislativas que toquen fibras sensibles, buscando que quienes deben cumplir con estas obligaciones asuman su responsabilidad.

En Córdoba, hemos visto casos similares, como el de un padre al que un juez le impidió el ingreso a la cancha de Belgrano por su incumplimiento. Sin embargo, actualmente, esta restricción solo puede ser implementada por un juez, quien decide qué barreras poner para incentivar el cumplimiento. La pregunta que queda en el aire es si estas medidas son efectivas. ¿Realmente un padre que no cumple con sus obligaciones se verá motivado a pagar solo porque no puede ir a un partido de fútbol o a un recital? Es una cuestión compleja y merece ser discutida.

La propuesta de Valdés busca que estas decisiones judiciales se conviertan en leyes, estableciendo así una prohibición generalizada para aquellos que están inscriptos en el registro de deudores. ¿Ayudará esta medida a que los incumplidores finalmente cumplan? Personalmente, tengo mis dudas. La cifra alarmante de siete de cada diez incumplidores me deja pensando y me hace cuestionar la efectividad de estas sanciones. La lucha por el cumplimiento de las obligaciones alimentarias es, sin duda, un desafío que requiere de soluciones efectivas y sostenibles.