La salud de los legisladores, entre la desconfianza y la empatía

Cuando uno se siente enfermo, la respuesta parece clara: reposo y cuidado. Desde la infancia, aprendemos que, si un médico nos indica que no debemos asistir al trabajo o al colegio, lo correcto es quedarnos en casa. Un certificado médico respalda esta decisión, justificando la ausencia ante la escuela o el empleo.

Sin embargo, en las últimas horas, esta premisa básica fue cuestionada en el contexto del debate sobre el veto a la ley de financiamiento universitario en el Congreso.

El día de la sesión, la diputada nacional por Córdoba, Alejandra Torres, anunció a través de X (antes, Twitter) que no podría asistir debido a problemas de salud por Covid-19. En su mensaje, reafirmó su postura en contra del veto, subrayando que "las universidades son pilar y futuro de nuestra sociedad". A pesar de su ausencia justificada y de presentar un certificado médico, las críticas y sospechas sobre su estado de salud no tardaron en llegar.

Me sorprende la rapidez con la que algunos cuestionan la sinceridad de la enfermedad de Torres. ¿Por qué se generan dudas sobre una situación que debería ser tan evidente? Algunos incluso argumentan que, dado que otro diputado asistió a la sesión a pesar de un problema de salud más grave, Torres debería haber hecho lo mismo. Esta lógica plantea interrogantes sobre la percepción social de las enfermedades y la responsabilidad de los legisladores.

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Las sospechas que rodean la ausencia de Torres no son solo un ataque personal, sino que reflejan una tendencia más amplia en la política. En el pasado, vimos cómo las ausencias fueron utilizadas como herramientas estratégicas en momentos clave, donde cada voto cuenta. Sin embargo, esto no debería llevarnos a desestimar la validez de un certificado médico o a cuestionar la salud de quienes se encuentran en una situación delicada.

¿Por qué se desconfía tanto de la palabra de un legislador que informa su ausencia por razones de salud? En un contexto donde la salud es un tema crucial, deberíamos ser más comprensivos y menos propensos a la sospecha. La experiencia me dice que este tipo de cuestionamientos no solo deslegitiman a quienes realmente están enfermos, sino que también nos alejan de un debate sano y constructivo.

La situación de Alejandra Torres debería llevarnos a pensar sobre cómo tratamos a nuestros representantes y cómo percibimos la enfermedad dentro de la esfera pública. No se trata solo de un caso aislado, sino de una cultura que, en ocasiones, parece preferir la desconfianza a la empatía. En este sentido, es fundamental recordar que la salud debe ser una prioridad, tanto para los ciudadanos como para quienes nos representan.

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Por lo tanto, deberíamos considerar la complejidad de las circunstancias personales que enfrenta cada legislador. La política, en su esencia, es un reflejo de la sociedad. Si permitimos que la desconfianza prevalezca, corremos el riesgo de socavar no solo la credibilidad de nuestros representantes, sino también la integridad de nuestro sistema democrático.

La situación de Alejandra Torres nos recuerda que debemos abordar el debate sobre la salud y el trabajo con seriedad. La salud es un derecho y un asunto que nos concierne a todos, independientemente de cualquier postura política.

Lo que ocurrió con Torres en el Congreso es un claro ejemplo de cómo el estigma en torno a la enfermedad puede distorsionar la percepción pública y afectar el funcionamiento de nuestras instituciones. Hay que aprender a distinguir entre la política y la salud.

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