Niños, como mercancía deportiva

Me encuentro hoy reflexionando sobre una práctica que hemos naturalizado en nuestro país: la propiedad de los clubes de fútbol sobre los pases de menores que juegan en sus inferiores. ¿Es realmente normal que un club posea el pase de un niño o adolescente y decida su futuro deportivo?

No puedo evitar pensar en la situación con cierta exageración: parece que el club es dueño del menor, como si lo tuviese cautivo. Es tan aberrante esta realidad, que los padres deben recurrir a la justicia para liberar a sus hijos. Para permitirles jugar en otro club, otra ciudad, otra liga.

Este no es un tema nuevo. En 2017, la Cámara de Apelaciones de Rosario obligó a un club a liberar a un jugador de 17 años. Recientemente nos enteramos que la justicia cordobesa ha ordenado a otro club otorgar el pase libre a uno de sus jugadores infantiles.

El tribunal ha exhortado a la AFA para regularizar el procedimiento al solicitar transferencias y pases para niños y adolescentes federados. Según una publicación del diario Comercio y Justicia, los padres del menor tuvieron que presentar una acción de amparo para obtener dicha libertad.

Sin embargo, el club argumentó que ninguna otra institución había solicitado al jugador y cuestionó las razones familiares detrás del pedido del pase libre. Esta actitud por parte del club solo evidencia cuán arraigada está esta problemática en nuestra sociedad deportiva.

La jueza María de los Ángeles Morello señaló que existen "silencios" en la reglamentación de la AFA respecto a pases y transferencias. Pero estos vacíos regulatorios no pueden impedir el desarrollo deportivo del niño en otro ámbito. Como bien afirma la jueza, ningún niño o adolescente debe encontrarse cautivo a decisiones del plano adulto, institucional, público o privado.

Para cerrar, quiero recordar una reflexión de la jueza Morello: ninguna regulación puede permitir la mercantilización de la práctica deportiva en menores. Esto debería ser un llamado para todos: padres, madres, clubes y federaciones. No podemos permitir que se normalice esta práctica aberrante.

Es hora de que empecemos a corregir estas anomalías y proteger a nuestros niños y adolescentes. La justicia ya está tomando cartas en el asunto; ahora nos toca a nosotros como sociedad hacer nuestra parte.