Nuevo gobierno
12/12/2019 | 08:22 | El centro del país, otra vez a bancar al conurbano. Kicillof no quiere subir la luz. Massa manejará el agua y exigirá subsidios. Obra pública, enfocada allí.
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Centralia, decí alpiste
La franja central del país se prepara, una vez más, a financiar al conurbano bonaerense, que en los próximos cuatro años, al menos, va a cobrar, muy caros, los más de cuatro millones de votos que le dio al kirchnerismo. Habrá que pagar el tributo a los vencedores.
Las señales están en todas partes. La última la dio Axel Kicillof al asumir. El gobernador bonaerense anuló un aumento tarifario de la luz ya anunciado para el Gran Buenos Aires (área que incluye a la Capital Federal y al conurbano y sirven Edenor y Edesur). Sorprendió por partida doble. No acepta ni siquiera un aumento cuyo costo político ya asumió María Eugenia Vidal. Y no acepta ni siquiera una suba de 25% (eso era), cuando la inflación duplica ese nivel.
¿Quién se imagina Kicillof que va a pagar la luz del conurbano? La respuesta es sencilla: la Nación. Por eso ya reclamó que Alberto Fernández intervenga en la conformación del ente bijurisdiccional (Capital Federal y Provincia de Buenos Aires) que ejerce la autoridad regulatoria sobre la electricidad en el Gran Buenos Aires. La intención es clara. Ese ente se creó cuando, a principios de este año, la Nación les transfirió a la Capital y a la Provincia de Buenos Aires la jurisdicción del Enre sobre Edenor y Edesur, como sucede en todas las demás provincias.
La jugada de fondo de Kicillof es que eso se aborte y Edenor y Edesur vuelvan a depender de la Presidencia de la Nación, como sucedió durante el kirchnerismo, para que, como hizo Cristina Fernández, Alberto Fernández vuelva a congelar las tarifas del conurbano cubriendo la diferencia con subsidios que paga todo el país. Así, Kicillof no tendría que poner la cara para subir tarifas, como hace el resto de los gobernadores del país.
Hay más señales. El nombramiento de Malena Galmarini al frente de Aysa -que provee agua y cloacas en Capital y conurbano- es contundente. Su esposo, Sergio Massa, recibió la presidencia de la Cámara de Diputados como premio por aliarse al kirchnerismo. Es un lugar de poder. Pero no permite manejar una gran caja. Y, como Massa se quedó sin siquiera la intendencia de Tigre, Aysa va a ser la mayor base económica y política para que el massismo “haga política” en su territorio de origen.
A diferencia de Edesur y Edenor, Aysa sigue dependiendo de la Nación. Durante el kirchnerismo sus gastos estallaron pero sus tarifas se congelaron. Sus obvias y gigantes pérdidas se cubrieron con los impuestos de todo el país.
Un país de aguas con arsénico pagó todas las inversiones de agua en un conglomerado que está al borde del río De la Plata. Peor: además, le pagaba el 70% de sus costos operativos (sueldos, etc), mientras en el resto del país intendentes y gobernadores tenían que poner la cara para subir tarifas porque no contaban con el presupuesto nacional para subsidiar el servicio.
El macrismo redujo a cero los subsidios operativos. Pero siguió pagando del presupuesto nacional todas las inversiones. Y lamentablemente no transfirió Aysa a la Capital y a la Provincia de Buenos Aires como sí hizo con Edenor y Edesur.
Ahora, el peligro de gol es evidente: Massa y su esposa no querrán dar malas noticias a sus votantes. Y tal vez, encima, usen Aysa para financiar su aparato. Obviamente, presionarán para que Alberto Fernández banque todo con el presupuesto nacional, igual que Kicillof con la electricidad del conurbano.
El tercer punto está en la infraestructura. El nuevo ministro de Obras Públicas es Gabriel Katopodis, exintendente del partido del conurbano de San Martín. Es abogado, no ingeniero. Cuando presentó su gabinete Fernández, restó importancia a ese hecho. Y dijo que prefirió poner en el puesto a alguien que, como Katopodis, “conoce in situ las necesidades”. El sitio de las necesidades de infraestructura, claramente, es el conurbano bonaerense.
La direccionalidad geográfica de Fernández es consistente con su gabinete. El 68% de los 21 funcionarios que presentó el viernes último son de la Capital Federal o del conurbano bonaerense. El 19% son del resto de la Provincia de Buenos Aires, básicamente de La Plata. Y apenas 13% son del interior.
¿Quiénes van a pagar las tortas si el nuevo presidente vuelve a decretar fiesta K en el conurbano? No hay dudas: pagará Centralia.
En esta columna bautizamos hace tiempo “Centralia” a la franja central del país que incluye Mendoza, San Luis, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y el interior bonaerense. Junto a otras economías regionales distribuidas por el país es la que transfiere recursos fiscales y financieros desde hace ya décadas a las alianzas populistas que con distintos nombres se cocinan entre el conurbano y las provincias pobres y falsamente pobres del norte y del sur.
Lo dijo clarito en su discurso ante el Congreso el propio Alberto Fernández, cuando dijo que “Argentina es una sola” y que en esta etapa “el país central rico y pujante” deberá auxiliar a “la Argentina periférica” pobre. Más claro, echále agua.