Política esquina Economía
12/03/2020 | 08:18 | Hay de todo: desde limpiezas generacionales de jueces hasta intervenciones federales. Relato, épica, presiones, reformas legales y mucho más.
El kirchnerismo no afronta su tarea más complicada con una única herramienta. Al contrario, frenar y revertir los procesos judiciales en causas por corrupción que involucren a Cristina Fernández y sus ex funcionarios apela a caja de herramientas bien amplia.
Es que, por un lado, no todas las herramientas sirven para todas las causas. Ni todas generan la misma resistencia. Ni todas pueden ser avaladas sin más por algunos de los socios de la coalición de gobierno, como es el caso del presidente Alberto Fernández.
Por ejemplo, ayer Fernández quedó colgado del abismo cuando tuvo que dar una opinión pública sobre el plan para intervenir la Justicia de Jujuy con el fin de exonerar de algún modo a Milagro Sala. “No es una iniciativa nuestra”, dijo, despegándose. Pero no sabemos qué quiso decir con “nuestra”. Si se refiere al Frente de Todos que él integra, está en un error: la iniciativa ladra, babea y mueve la cola como un proyecto K, con K de kirchnerismo que también integra el FdT. Si “nuestra” refiere a la línea interna del “albertismo” habrá que ver si el presidente querrá o podrá resistir la intervención al poder de una provincia sólo para liberar a una persona cuyas causas todavía tienen instancia de apelación ante la Corte Suprema.
Algunas de las tácticas puestas en marchas para garantizar la impunidad son sesudas y se nota que han sido masticadas. Otras parecen salir de la vocación por el ensayo y el error: si pasan, pasan. Algunas operan directamente sobre la Justicia. Otras, sobre el contexto político y discursivo: es necesario crear un relato, de ser posible incluso una épica, que permita justificar el arrebato cara de gato.
Hasta ahora, se pueden identificar ocho tácticas.
Consiste en quitar beneficios y privilegios al régimen provisional de los magistrados judiciales para incentivar el retiro de la generación más vieja de jueces y fiscales federales.
Queda en la puerta de todos los ascensos la generación designada desde hace 17 años por los gobiernos K. Esos están en plena madurez, no se jubilan y tienen los antecedentes para cubrir todas las vacantes. Ya se generaron 23 vacantes en juzgados y fiscalías de primer nivel. Sólo en Córdoba, cuatro.
El interés central no es la equidad que se invoca, aunque se arremete contra privilegios injustificables. Si el objetivo fuera ese, sería mucho más igualitario forzar a que todos los magistrados designados antes de 2017 paguen el Impuesto a las Ganancias. Ese privilegio abyecto sigue vigente para todos los magistrados, incluidos los de Justicia Legítima que se aprestan a ocupar los lugares centrales del Poder Judicial y a constituir una definitiva nueva hegemonía.
El proyecto fue anunciado por el Presidente. Su contenido, más allá de precisiones dadas por Fernández en su discurso frente al Congreso, todavía no está escrito.
Y es terreno de disputa dentro del oficialismo, porque hay sectores a los que no entusiasma una descentralización que podría diluir la recuperada capacidad del kirchnerismo -al volver al gobierno- para influir políticamente en las instancias federales por donde pasan las causas por corrupción.
Es la especialidad del kirchnerismo, que ha colonizado los organismos estatales y paraestatales de construcción de relato más importantes (universidades, Conicet, burocracia estatal, enseñanza pública, organismos de derechos humanos) y ya les está dando pleno uso.
La misión es instalar en la sociedad la idea de que -salvo algunos casos que ni siquiera el kirchnerismo puede sacar del barro- todo el accionar de la Justicia contra Cristina Fernández, sus familiares y ex funcionarios con 20 años de servicios prestados es una conspiración contra movimientos políticos populares dirigida por el Imperio estadounidense con la colaboración cipaya de gobiernos, magistrados, medios hegemónicos y “sectores concentrados”.
La teoría hace agua por muchos lados. Un ejemplo, muchas de las investigaciones no las inventó el macrismo sino que se iniciaron (y luego se demoraron ranciamente) cuando el kirchnerismo era gobierno. Otro ejemplo: en América latina los únicos ex presidentes que permanecen en la cárcel por corrupción no son populistas de izquierda ni bolivarianos, sino de derecha y liberales. Uno es el peruano Alejandro Toledo, y está preso en el corazón del Imperio: Estados Unidos.
Otro capítulo del relato es presentar los cuatro años de Cambiemos como una dictadura que encapuchó ex funcionarios. Meter en esa categoría a lanzadores de bolsos con dólares y a ministros compradores de fábricas de billetes, que encima han tenido todas las garantías del debido proceso, es un absurdo.
Se los tuvo que decir de todo corazón el propio Alberto Fernández: “En mi gobierno no hay presos políticos”. Pero de todos modos el absurdo resuena y alimenta la fábrica de épica que cenan los más fanáticos.
Es la táctica más ambigua, pero tal vez termine siendo la más efectiva. Es el contexto político que repuso en el poder al kirchnerismo. Puede tomar la forma de la presión o a veces ni siquiera eso: basta que algunos magistrados, no todos, perciban conveniencias o peligros, o simplemente rehúyan el estrés. O basta que algunos testigos empiecen a perder la memoria que habían recuperado durante el macrismo, ayudados por el hecho dejaron de ser resguardados por el propio Poder Judicial y pasaron a ser “cuidados” por el Poder Ejecutivo que ha vuelto a ser controlado por los socios de los políticos a los que ellos denuncian. Se llama miedo.
Todo puede derivar en apartamientos, desarme de causas, demoras. Por ejemplo, hace un año y medio que se espera la decisión de una cámara que debe revisar la condena de De Vido por Once.
Puede incluso haber virajes doctrinarios. De Vido estuvo con prisión preventiva porque se consideraba, mientras gobernaba el macrismo, que retenía cuotas de poder importante, incluso dentro del Estado, para influir en las investigaciones. Ahora quedó libre, pero tiene más poder que antes. Incluso están siendo designados funcionarios que fueron militantes devotos suyos en estos años.
Ya nos referimos a este punto insólito y sin precedentes. Desde 1983 hubo sólo seis intervenciones sociales. La última fue hace 16 años. Todas fueron por situaciones de gravísimas crisis sociopolíticas, con estallidos sociales, muchas veces con muertos.
Ahora la única razón es Milagro Sala, condenada por una Justicia designada masivamente por gobiernos peronistas, donde los jueces nombrados por la única gestión no peronista se apartaron y que tiene cuatro condenas, todas con debido proceso, con intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la asistencia de defensores de vastísimo prestigio, en los que todavía falta la última palabra de la Corte Suprema.
Acaba de ingresar al Senado el pliego del juez federal Daniel Rafecas. Alberto Fernández lo propone como jefe de los fiscales a pedido de Cristina Fernández. Rafecas es recordado por haber dado recomendaciones y advertencias por Whatsapp al defensor de Amado Boudou… mientras era el propio Rafecas era el juez de la causa Ciccone.
También debió dejar la causa de encubrimiento contra Cristina Fernández por el atentado de la Amia.
Sobre esta causa, no hace mucho, Alberto Fernández dijo por escrito que no tenía dudas de la culpabilidad de Cristina. Fernández tampoco parecía tener dudas sobre los negocios de Boudou: “Se animaron a estatizar Ciccone para borrar las pruebas”, dijo en entrevistas de hace unos años.
Ahora Fernández dice que quiere a Rafecas de procurador.
En el repertorio interminable del kirchnerismo parece no faltar nada si se trata de lograr el objetivo más importante del nuevo gobierno que integra. A menos que sea resultado de la casualidad permanente, no va que se comenzaron a perder expedientes clave en causas judiciales clave.
Es lo que sucedió en la causa iniciada por la supuesta retención indebida del impuesto a los combustibles de la petrolera Oil perteneciente al empresario K Cristóbal López durante el kirchnerismo. Desde hacía varios meses, las cajas de documentos con los que la Afip fundó su reclamo estaban en manos de peritos de parte que la habían dado a otro perito. Buena parte de esos documentos nunca retornaron al juzgado.
Si es lo que parece, entonces ya entramos en el terreno del vale todo, donde hasta el sabotaje puede llegar a ser admitido en la estrategia de la impunidad.