El toma y daca con los jueces, a la vista de todos

Nadie lo puede asegurar. Pero todo indica que los jueces y el gobierno nacional están negociando, en la misma mesa y a la vista de todos, las coberturas de vacantes y ascensos, el futuro de los juicios por sospechas de corrupción K, las jubilaciones de privilegio de los jueces y el paraíso fiscal del Poder Judicial, por el que todos sus miembros eluden el Impuesto a las Ganancias.

La gremial judicial es grotescamente obvia. Y está mucho más unificada que la CGT. Hoy la ejercen Alberto Lugones y Ricardo Recondo. El primero es kirchnerista y preside el Consejo de la Magistratura, nada menos que la entidad que controla a la Justicia. El segundo es macrista y es vicepresidente del mismo cuerpo. Es la primera vez que dos jueces ocupan los dos lugares principales.

Aunque no es el juez de la causa, Lugones ya dio por sentado la semana pasada que la condena firme que puso en la cárcel a Amado Boudou se basó en testimonios falsos, con lo que de hecho está dando luz verde a una revisión de esa sentencia para viciarla de nulidad. El de Boudou es el caso más incómodo para el gobierno por tener sentencia firme. Todos los demás kirchneristas bajo investigación pueden ser exonerados por una Justicia que ya se acomoda a un nuevo contexto político.

El mismo juez acaba de rechazar la intención del gobierno de dejar de calcular el haber inicial de los jueces según los sueldos del último año para hacerlo sobre los últimos 10 años, como sucede con todos los demás. El gobierno ni siquiera quiere quitarles el 82%, lo que ya es un privilegio. Recondo ya dijo que cambiar el cálculo del haber es inconstitucional (aunque la Constitución no dice nada sobre jubilaciones). Claro que si lo dicen ellos no tenemos salida: los jueces fallan siempre en su propio favor y pueden hacerle decir a la Constitución lo que quieran.

Sobre la mesa también están las designaciones del poder judicial. El gobierno ya pidió lo que le interesa: retirar del Consejo de la Magistratura los pliegos de nuevos magistrados que ya habían sido acordados a fin del año pasado. Para barajar y dar de nuevo, pero con las cartas marcadas de otro modo.

Y sobre el punto que más les importa, el Impuesto a las Ganancias, nadie dice más nada. Los jueces ya bordearon el prevaricato en masa cuando fallaron forzando el concepto de intangibilidad de sus sueldos y llevaron a vivir a su paraíso fiscal hasta los últimos empleados de todos los poderes judiciales del país.

Es curioso. Los jueces dicen que necesitan esos privilegios impositivos y previsionales para seguir siendo independiente. Pero desde acá se ve exactamente al revés: parece que están dispuestos a hacer cualquier cosa que les dicte el poder político a cambio de no perder sus ventajas de casta.