Sugerencias locas para concejales de Córdoba

Hace dos semanas la Municipalidad de Córdoba apercibió a dos empleados jerárquicos por errores en la liquidación salarial de los maestros en septiembre. El intendente Martín Llaryora sospecha que estos errores se hacen a propósito porque se multiplican cuando hay conflicto gremial. Obviamente, enfurecen a quienes cobran, por ejemplo, con descuentos que no corresponden. Pero no era fácil sancionar responsables. En un municipio históricamente manejado por el sindicato Suoem, era muy difícil rastrear a los autores. Las llaves informáticas eran el capital más valioso del sindicato.

El intendente Llaryora cambió el sistema. Y ahora los que cometen errores, a propósito o no, dejan sus huellas.

Este ejemplo exhibe la raíz del conflicto en la Municipalidad: es una batalla para quitarle el control al Suoem y racionalizar un estado desquiciado durante décadas.

Por eso, la falta de apoyo de la oposición en el Concejo Deliberante a la decisión de Llaryora de exonerar al municipal que disparaba con su mortero contra personas pareció mezquina. Las discusiones sobre formalidades jurídicas parecieron una maniobra distractoria. Limitarse a dar argumentos de abogados sobre las mismas doctrinas, jurisprudencias y normas de siempre no ayudan a cambiar doctrinas, jurisprudencias y normas.

No es que los concejales opositores no deban sugerir acciones legales mejores si las tienen. El problema es que parecían abogados del sindicato, y no de los vecinos que necesitan terminar con esta ciudad decadente de sueldos e impuestos altísimos e infraestructura y servicios bajísimos.

Si en verdad quieren quitarle el municipio al Suoem, modifiquen el estatuto municipal. Depende por completo de los concejales. Simplifiquen los trámites para que el municipio pueda despedir, con o sin causa, a los ñoquis, los indolentes, los incapaces, los corruptos o los violentos, igual que como puede hacerlo el sector privado. Y premiar a los que en verdad sean servidores públicos.

Y si no se animan, al menos adapten y exijan el uso de lo que ya existe. Por ejemplo, el inciso G del artículo 53 del actual estatuto permite cesantear a un mal empleado cuando recibe una calificación insuficiente por dos años consecutivos o tres alternados. El problema es que ni siquiera está claro si esa evaluación anual rutinaria se cumple. Y que, si se hace, los gauchos se evalúan entre ellos y jamás se pisan el poncho. Cambien esa evaluación. Exijan cumplir metas sin verso. Prohíban que los municipales se califiquen entre ellos. Es más: tercericen la auditoría. Pónganle onda: que el auditor gane en proporción a lo que logre ahorrarles a los vecinos.

Muchos de los concejales actuales fueron parte de gobiernos municipales. Olga Riutort con Germán Kammerath; Juan Pablo Quinteros con Luis Juez. Saben de esto mucho más que muchos. Riutort incluso habló de cambiar el estatuto. Ellos y sus colegas tienen tres cuartos de mandato por delante. No los desperdiciemos.