Corrupción
21/02/2020 | 13:13 | Sala fue condenada a 13 años. Tuvo los mejores abogados. Intervino la Cidh. Y está pendiente una apelación a la Corte, de mayoría peronista. Hace 16 años que no se interviene una provincia.
No pasa un día sin que el kirchnerismo tire un globo de ensayo tras otro para tratar de imponer el relato que necesita Cristina Fernández. La expresidenta no quiere sólo impunidad para ella, su familia y exfuncionarios. Exige una reivindicación. Y para eso hay que tapar todo lo que ya se sabe. La mejor forma de hacerlo es con un nuevo relato: que acá se violaron los derechos humanos y ella es una de las víctimas.
Y para eso vale todo. No importa si las ideas que le acercan son ridículas. Es ensayo y error. Si pasan, pasan. Ahora sale este proyecto en el Senado para intervenir el Poder Judicial de Jujuy porque la piquetera K Milagro Sala está detenida en su casa.
Sala fue condenada a 13 años de prisión asociación ilícita, fraude y extorsión por el desvío de fondos públicos para viviendas. Pero está procesada en otras 14 causas, con varias prisiones preventivas. Los tribunales que intervinieron fueron los naturales, los jueces designados por el gobernador Morales se apartaron en esas causas y sus abogados fueron los mejores: desde Eugenio Zaffaroni hasta una actual ministra del gobierno nacional.
Para muchos, Sala debería estar en una cárcel común, pero como también intervino en su caso la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cumple prisión domiciliaria. Y su condena ha sido apelada a la Corte Suprema, que debe todavía expedirse. No le ha faltado ninguna garantía ni instancia.
Sin embargo, los K quieren poner una bomba: intervenir Jujuy.
El remedio de violentar la autonomía de los poderes provinciales se ha usado, en la joven democracia argentina, en forma muy limitada y para situaciones graves. Hubo sólo seis intervenciones. La última fue hace 16 años.
En 1991 Menem intervino Tucumán porque la provincia estaba hundida en un violento caos fiscal e institucional, con un gobernador en juicio político que intentaba clausurar el poder legislativo. Ese año intervino Catamarca, luego de que el crimen de María Soledad Morales expusiera los abusos de una casta de poder. En 1992 fue el caso de Corrientes, atrapada en un conflicto sin salida tras una anulación de elecciones. En 1993 fue Santiago del Estero, donde hubo gravísimos incidentes por protestas sociales tras la quiebra financiera de la provincia.
Por razones parecidas, que derivaron en una masacre, De la Rúa intervino Corrientes en 1999. Y en 2004 Kirchner hizo lo mismo con Santiago ante graves denuncias por corrupción y persecución contra el clan de los Juárez.
En ninguno de esos casos se intervino una provincia por una persona que no está en la cárcel, incluso teniendo una condena firme, por un fallo que ha sido apelado a una Corte Suprema cuya mayoría está formada por jueces peronistas.