Cesantías estatales: el costo de tantas décadas de no pisarse el poncho

La estirpe más encumbrada de los empleados públicos argentinos amaneció en pie de guerra. La burocracia nacional –grotescamente concentrada en la Capital Federal y el conurbano bonaerense- no lo puede creer: después de tantas décadas de vivir en el remanso laboral escandinavo de un país que se africanizaba, ahora les tocó a ellos.

Es duro. Es imposible no solidarizarse con alguien que se queda sin trabajo. Ojalá el Estado argentino hubiera sido lo suficientemente racional para no haber generado un modelo en el que desde hace años los trabajadores privados tienen que desangrarse entre el desempleo, la precariedad o los salarios miserables para bancar con impuestos e inflación el fabuloso desperdicio estatal de recursos públicos. La inflación, seteada a una velocidad crucero del 330 por ciento para este año, muestra que no da para más.

La reacción es lógica. Ate denuncia despidos masivos, que no son tales. Legalmente son en su mayoría contratos vencidos que no se renuevan. Como puede suceder en cualquier empresa y como sucede en cualquier estructura estatal del mundo menos en Argentina, donde es una catástrofe humanitario de un empleado público pero no la de un empleado privado. Y lo de masivos es discutible: las 11 mil cesantías de las que habla ATE son 3% de los empleados de la administración pública nacional.

Las redes y los medios se llenan de casos particulares, presuntos errores. Parece que todos los afectados fueran agentes brillantes dedicados todos a tareas absolutamente críticas, cumplidas siempre con la vocación de los sacerdotes, los 365 días del año. Aparentemente entre los cesanteados no hay ni un solo ñoqui, ni un solo militante a sueldo, ni un solo inútil, ni un solo indolente, ni un solo acomodado, ni un solo cliente del aparato demagógico de la política. No me digan.

Los sindicatos y los propios trabajadores estatales reaccionan ahora después de haber avalado o incluso aplaudido un siga-siga de décadas. Los delegados fanatizados por el partido que colonizaba el Estado.

Nadie recuerda una sola asamblea donde los empleados de la Anses denunciaran el ingreso de miles de militantes por la ventana. A ninguno de los perspicaces científicos del Conicet les llamó la atención cómo en cada año electoral complicado pegaban un salto las becas de inicio de doctorado. A nadie en las universidades nacionales le pareció inviable nunca que carreras que se quedan sin alumnos mantengan pese a eso su estructura de docentes en aulas vacías hasta el fin de los tiempos. Nadie se preguntó qué hacen desde hace décadas miles y miles de cobradores de sueldos en empresas estatales que no fabrican aviones, que no extraen carbón, que no transportan cargas, que hacen literalmente nada. Ahora lamentan que se echa a contratados que trabajan en lugar de efectivos que son ñoquis desde el siglo pasado ¿y por qué jamás pidieron que cambien las absurdas normas laborales del Estado?

El Estado argentino tiene las oficinas de selección de personal más sofisticadas del mundo: jamás le erró porque nadie recuerda que haya echado jamás a nadie por indolente, incapaz o corrupto. O sencillamente porque lo habían contratado para hacer algo que dejó de ser necesario y no es viable –ni deseable, ni justo- que el resto de los ciudadanos tenga que mantenerlo para siempre.

Fueron años de no pisarse el poncho, la costumbre más arraigada. Se callaron todos la boca durante demasiados años. Por corrección política, por cobardía, por desinterés, por desidia, para no comprarse un quilombo. En datos de la consultora Inveqc todos permitieron que en los últimos 12 años el empleo estatal que vive de los impuestos creciera 25,3% mientras el empleo privado que padece los impuestos crecía 7%. Y cada vez que alguien decía algo lo atacaban, lo menospreciaban, lo silenciaban, lo acusaban desde la lomita moral de una falsa solidaridad donde los solidarios siempre tenían que ser los mismos: los pobres infelices del sector privado africanizado de la Argentina.