Cuando el sindicato quiere, puede, y cuando el gobierno no debe, igual lo hace

Con mayor celeridad de lo que todos esperábamos, el gobierno de Martín Llaryora cerró un acuerdo salarial con el Sindicato de Empleados Públicos. Es muy importante. El SEP es el segundo sindicato estatal más grande entre los empleados del gobierno provincial. Y Llaryora logró que el SEP cediera una perla que le había regalado Juan Schiaretti en la campaña electoral: el aumento automático de los salarios a la inflación. Lo mismo que tienen los demás sindicatos estatales: Uepc, Sadop, Salud, etc.

No había forma de que Llaryora pudiera pagar eso. Por la inflación de diciembre había que darle al SEP un aumento del 24,2 por ciento. Pero la recaudación total de la Provincia subió menos del 2%. Imposible.

El SEP aceptó un aumento de 10% para enero más una suma fija de 40 mil pesos para los activos y de 15 mil pesos para los jubilados.

Para febrero el SEP aceptó como aumento la mitad de la inflación de enero y las mismas sumas fijas. Y para marzo, también la mitad de la inflación más las sumas fijas, que en el caso de los activos pasará de 40 mil a 50 mil pesos.

Esto implica que los sueldos más bajos del SEP subirán casi tanto como la inflación, que los sueldos altos subirán poco más que la mitad de la inflación y que los empleados estatales ya jubilados cobrarán un poquito menos que los activos, aunque las diferencias finales entre activos y pasivos se van a diluir porque los activos van a empezar a aportar un poco más a la Apross, la obra social de todos ellos. El gobierno espera que la UEPC y los demás sindicatos estatales sigan la huella del SEP y acepten dejar de estar indexados a la inflación. Si no, el riesgo de quiebra del fisco es real.

El SEP cedió. Pero aún así los estatales siguen siendo unos privilegiados totales en comparación a los empleados privados en blanco y en negro que ponen los impuestos con los que se pagan los sueldos estatales y que no pueden ni soñar con los aumentos del sector público.

Pero el SEP cedió también porque el gobierno aceptó dar marcha atrás con la cancelación de 1.300 contratos que dio de baja apenas asumió.

Es toda una curiosidad. En diciembre el gobierno consideró que no le hacían falta 1.300 contratados. Que sin ellos podía funcionar igual. Pero ahora, cuatro semanas después, los recontrata. ¿Cuál es el sentido de que Llaryora contrate a esos 1.300 empleados? ¿Por qué los contribuyentes cordobeses que trabajan en el sector privado, que en muchísimos casos cobran menos o trabajan en negro, que en muchos casos están desocupados o habrán perdido sus empleos en estas semanas, tienen que seguir pagando 1.300 salarios estatales innecesarios?

Al final pasa lo de siempre. La reforma fina para transformar al Estado en un aparato eficiente, con la cantidad justa de empleados necesarios, idóneos y esforzados va a tener que seguir esperando. El objetivo de la política de recursos humanos de la Provincia siempre está al servicio de la carrera política del gobernador –en este caso para ahorrarle un conflicto- o de la urgencia para impedir otro quiebre inminente del fisco. No para que tengamos el Estado más barato y eficaz posible al servicio de los ciudadanos.

Todo esto demuestra dos cosas. Una, que los sindicatos, si quieren, pueden. Y otra, que los gobiernos, aunque no deben hacer ciertas cosas, igual las hacen.