El voto sobre el señor Tabaco ladra, mueve la cola y babea

Lo más extraño en la votación de ayer sucedió cuando hubo que decidir si todas las tabacaleras deben pagar los mismos impuestos o si el señor Tabaco iba a mantener los privilegios que tuvo sobre sus competidores, Massalin, BAT (ex Nobleza Piccardo) y otras.

Primero: ¿Quién es el señor Tabaco? Se llama Pablo Otero y es el dueño de la tabacalera Sarandí, que hace unos años heredó la distribuidora de su padre y hoy produce y vende casi un tercio de los cigarrillos del país.

¿Cómo lo logró? Con muchas cosas. Pero hubo una en particular. Otero no paga todos los impuestos a los cigarrillos. Como la carga impositiva es tan alta, no pagar le da una diferencia enorme. Todo esto sucedió durante los gobiernos kirchneristas. Su abogado de cabecera es un exfiscal en su momento reclutado por Cristina Fernández, defendió a Julio De Vido en la causa Vialidad y defiende hoy a Chocolate Rigau, el cobrador de sueldos de empleados falsos de la Legislatura bonaerense.

Los cigarrillos tienen dos tipos de impuestos. Algunos son porcentajes del precio. Y al subfacturar, pagás menos. Para poner un límite a esto, se cobra un impuesto mínimo a las tabacaleras más chicas. La Afip dijo que el señor Tabaco subfactura. Para eludir esto, el señor Tabaco se autodeclaró Pyme para pagar el mínimo y la Justicia le dio la razón con una cautelar. La Corte falló en contra de la cautelar hasta que se resolviera la cuestión de fondo, pero mientras tanto otro juez falló en la cuestión de fondo y volvió a darle la razón al señor Tabaco, que entonces lo eximió de pagar. El señor Tabaco fue más allá: metió una denuncia penal contra la Afip y sus competidores y un juez federal le dio lugar. Ese juez fue Ariel Lijo.

La consultora Abeceb calculó que sólo entre 2016 y 2023, por maniobras de este tipo de un conjunto de tabacaleras, la Afip dejó de recaudar la increíble suma de 2.500 millones de dólares.

Del otro lado también se cuecen habas: el señor Tabaco importa el tabaco y no lo compra al lobby tabacalero de Salta y Misiones, que también operó mucho en el voto de ayer.

Pero lo más increíble fue todo lo que sucedió ayer en el Congreso. En la abortada ley ómnibus el propio gobierno de Milei había incluído un capítulo para terminar de cuajo con estos privilegios. Entre otras cosas, fijaba un precio mínimo para los cigarrillos a los efectos de calcular impuestos. No sería más el precio declarado por ningún fabricante.

Curiosamente –o no- ese capítulo desapareció de la ley Bases. El gobierno dejó de hacer esta propuesta. Pero, ayer, fue lo único que el Congreso cambió en el proyecto original: una mayoría de apenas 82 diputados, a propuesta de la Coalición Cívica, reintrodujeron la propuesta olvidada de Milei y lograron por un pelo terminar el privilegio del señor Tabaco. Fue por un pelo, porque 77 diputados votaron en contra de cualquier cambio, 69 se abstuvieron y 28 se declararon ausentes. Tal vez funcionó que se pidió votar a viva voz y muchos no se animaron a poner la cara.

La otra curiosidad es que, a diferencia del resto de los capítulos, acá los votos fueron mucho más transversales. Muchas bancadas se dividieron. La Libertad Avanza y el PRO siguieron la línea del gobierno y en su amplia mayoría votaron en contra. Pero los 22 de Hacemos Coalición Federal y 29 del radicalismo votaron a favor. A ellos se sumaron 21 kirchneristas, mientras otros 64 se abstuvieron (votaron todo el resto de la ley en contra sin fisuras) y otros 14 se declararon ausentes. Hasta la izquierda sorprendió: sus 5 diputados se abstuvieron.

Claro: todo el trámite parlamentario mueve la cola, babea y ladra como lo haría un brutal tráfico de influencias o incluso de algo más, porque, encima, no se escuchó a nadie dar algún argumento, razonable o no, para votar por el fin de los privilegios del señor Tabaco.

Y ahora quedan dos preguntas: ¿qué hará el Senado con esta brasa encendida que huele a tabaco? y ¿podría Milei llegar a vetar este artículo si el Senado no lo toca?