La campaña en Córdoba: no se nota, pero la locura es total

Apatía, indiferencia. Es lo que todo el mundo dice sobre la campaña electoral para la gobernación de Córdoba. No hubo chisporroteos, ni conflicto, ni chicanas. Tal vez porque los principales candidatos, Luis Juez y Martín Llaryora, tienen que pescar en el mismo estanque del cordobesismo. No pueden diferenciarse demasiado.

Pero eso no significa que la campaña haya sido racional. Al contrario. Hay una propuesta que es una locura total y no se ha discutido demasiado. Juez fue el que tiró la primera piedra: prometió restituir en cuatro años el 82% móvil a los empleados públicos cordobeses jubilados. Y por supuesto la idea es avalada por la lista kirchnerista y la izquierda.

Ninguno ha respondido sólidamente con qué piensan pagar semejante cosa. Hay que recordar que el 82% del sueldo bruto activo que otorgó Eduardo Angeloz en su momento fue uno de los elementos centrales que llevó a la quiebra a la provincia. Ramón Mestre padre reinterpretó por decreto la ley previsional en su momento para pagar el 82% del sueldo neto, lo que en la práctica implicaba pagar el 73%. De la Sota mantuvo eso hasta que la Corte Suprema dijo que el decreto era inconstitucional. Y empezó a pagar de nuevo el 82. Las cuentas fiscales cordobesas volvieron al rojo y entonces Schiaretti, en pandemia, hizo una reforma previsional que permitió volver a pagar el 73% ciento, esta vez sin que la Justicia pueda declararlo ilegal.

Ahora, Juez, Llaryora y los demás vuelven a jugar con fuego. Con ideas disparatadas, insustentables. Juez habla de directamente anular la reforma legal de Schiaretti. Llaryora modera diciendo que el 82 será para las jubilaciones más bajas. Los dos dicen o mandan decir que piensan pagarlo con lo que la Anses le debe a la Provincia. Pero resulta que eso que Anses debe es lo que se necesita para pagar el 73%. Además, es una deuda, algo que la Provincia recibirá una vez. Pero ellos están prometiendo aumentar para siempre. O sea: quieren meterse en un crédito hipotecario a 30 años porque recibieron la herencia de la tía que les alcanza para las primeras dos cuotas. Delirante.

No sólo Juez y Llaryora están jugando con fuego en una provincia que ya se incendió. Además reponerles el 82% a los empleados públicos jubilados de la Provincia y los municipios ni siquiera es justo. 

 Los jubilados provinciales son 110 mil y cobran beneficios muy superiores a los 450 mil jubilados privados que viven en Córdoba e incluso que la mayoría de los empleados privados activos que viven en Córdoba. 

¿Cuál es la razón de justicia social por la cual esos millones de personas con menores ingresos tendrían que pagar más impuestos, o recibir menos servicios públicos, o bancarse que el Estado reduzca inversiones y obras públicas para agrandar los beneficios de personas que ya están entre las beneficiadas? 

Esa es la pregunta de fondo que tienen que responder Juez y Llaryora una vez que respondan concretamente de dónde piensan sacar la plata para una promesa demagógica que tiene dos destinos posibles: o ir a parar al estante de las promesas incumplidas o poner en grave riesgo a mediano plazo las finanzas de una provincia que ya quebró una vez por esta razón.