La Patria Corporativa no para: hoy, la Patria Yerbatera

Un pequeño ejemplo del modo en que se comporta la Argentina. Entre los muchos cambios que prevé el megadecreto de desregulación de Milei, está quitarle al Instituto Nacional de la Yerba Marte de regular todo el negocio yerbatero.

Ese instituto no sólo fija cada seis meses el precio de la yerba canchada (la que ha sido sometida a una primera molienda) y hace que sólo se pueda procesar fuera de Misiones y Corrientes la yerba mezclada con yuyos sino que llega a veces a prohibir que se planten más hectáreas de yerba. Sí: prohíbe que se produzca más.

El objetivo declarado es proteger a corto plazo a los pequeños productores de yerba. Es el sueño de la Patria Corporativa. Que todo quede congelado para siempre tal como está. El problema es que a largo plazo, impide que el sector crezca y gane escala y eficiencia, algo que sí vienen haciendo los yerbateros paraguayos y brasileños, que son cada vez más competitivos.

El decreto de Milei le quita esas atribuciones al Instituto, que queda como un ente promotor de la yerba mate.

Entonces, ¿qué ha pasado? Por empezar, los tres senadores misioneros van a votar contra el decreto. Sólo con ellos y los senadores de cuatro provincias que se van a quedar sin promoción industrial ya serán 15 los votos en contra del DNU en el Senado, sobre un total de 72.

Pero, además, el gobierno misionero ya avisó que va a crear su propio instituto provincial para hacer lo que dejará de hacer el nacional. O sea: regular el precio, fijar topes de producción, etc. Todo inconstitucional. Imagínense si, por ejemplo, Córdoba actuara igual. Y fijara precios mínimos para la leche que producen los tamberos, el maíz, el maní, los garbanzos o los cerdos, todas producciones donde Córdoba es o suele ser la mayor productora del país. O si prohibiera producir más de cierta cantidad de leche o maíz. O si prohibiera que la leche producida en Colonia Vignaud, Córdoba, pueda procesarse en Sunchales, Santa Fe. O que los chanchos engordados en Chaján (Córdoba) puedan procesarse en frigoríficos de Villa Mercedes (San Luis). Es todo anticonstitucional. Viola la libertad de comercio y de trabajo. Una provincia se arroga el derecho de legislar materias en la que no tiene competencia. Todo eso es mucho más inconstitucional que un decreto de necesidad y urgencia que el Congreso puede rechazar o aceptar, como lo indica la propia Constitución.

Pero hay algo peor. Todo eso no funciona. Es lo que nos trajo hasta acá. Las pruebas están a la vista.