¿Llaryora se subió al barco de un Estado eficiente?

Hoy me detengo en una cuestión que empieza a resonar con fuerza en Córdoba: los impuestos. La llegada de los vencimientos impositivos para quienes eligen pagar el total del impuesto inmobiliario urbano 2025 anticipadamente se aproxima, y con ello, se presentan aumentos impositivos que, aunque leves, no dejan de ser relevantes. El inmobiliario urbano se ajustará según los salarios, lo que significa que quienes opten por pagar en cuotas verán sus montos actualizados conforme a los aumentos salariales.

El aumento de noviembre fue del 2,8%, lo que sugiere que, si se mantiene esta tendencia, el incremento anual podría rondar el 40%. Este ajuste busca evitar que la recaudación pierda valor frente a la inflación. Sin embargo, la perspectiva es que, si la inflación continúa disminuyendo, los salarios podrían crecer un poco más que la inflación, lo que se traduce en una mayor presión impositiva real. Es decir, en términos reales, pagaremos más impuestos que el año anterior.

En cuanto al inmobiliario rural, su ajuste no se realizará según el índice de precios mayoristas agropecuarios, mientras que el impuesto automotor se ajustará conforme a las tasaciones del registro de la propiedad automotor. Además, se introduce un aumento del 33% en el impuesto a los sellos, que afecta las transacciones y contratos. Aunque parezca un ajuste menor, en términos reales se siente. Por lo tanto, se vislumbra una moderada suba de la presión impositiva en Córdoba para 2025, algo que contrasta con las expectativas de reducción de impuestos que muchos ciudadanos apoyaron en las últimas elecciones.

Un informe reciente del IARAF destaca que el gasto público en Córdoba se ha reducido a 7,8 puntos del PBI, con la Nación como principal contribuyente a esta disminución. Sin embargo, la pregunta que surge es cómo se adaptará el gobierno provincial a este nuevo escenario de menor gasto y recaudación. 

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En ese marco, no se observa un debate claro sobre las tasas municipales, ni advertencias a los intendentes sobre el aumento de las mismas. En el ámbito nacional, se han promovido iniciativas para una mayor transparencia fiscal, pero en Córdoba aún no se ha adoptado esta práctica.

La falta de una política clara sobre impuestos y tasas que afectan los servicios públicos es preocupante. En algunos casos, estas tasas pueden representar hasta el 42% del costo total. Asimismo, es notable la ausencia de reformas estructurales que busquen hacer más eficiente al estado provincial. No se escuchan propuestas concretas en áreas fundamentales como educación, salud, justicia y seguridad, que son esenciales para el bienestar de la población.

Es hora de que el gobierno de Córdoba se ponga a trabajar en un plan maestro que detalle cómo se adaptará a este nuevo contexto. La reciente designación de Brandán al frente del Ministerio de Cooperativas plantea interrogantes sobre la relevancia de esta cartera en una provincia con una abundante tradición cooperativa. La eficiencia del Estado debe ser una prioridad, y es fundamental que se comunique claramente la hoja de ruta para lograrlo.

En definitiva, la pregunta que me queda es: ¿se subió Córdoba al barco de un estado eficiente? La respuesta requiere de un compromiso real por parte del gobierno provincial para abordar estas cuestiones de manera integral y transparente.

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