Políticos en Narnia: hoy, el Concejo Deliberante de Córdoba

En un contexto donde se demanda un ahorro urgente y un uso eficiente de los recursos, la situación del Concejo Deliberante de Córdoba parece ser un claro ejemplo de esta desconexión. 

La reciente creación de una ordenanza que establece el Instituto de Formación Parlamentaria y Ciudadana, con el objetivo de fortalecer la gobernanza municipal, genera inquietud. Este nuevo instituto, que solo cuenta con dos artículos, se propone educar a concejales, funcionarios y vecinos. 

Sin embargo, la redacción de los objetivos deja entrever una falta de claridad sobre su propósito real. La pregunta que surge es: ¿realmente necesitan un instituto para entender las necesidades básicas de la ciudad? 

El primer objetivo del instituto menciona la capacitación en áreas como derecho constitucional y técnica legislativa. Sin embargo, en Córdoba hay problemas más urgentes que requieren atención inmediata, como el desbordamiento de cloacas en las calles de Buenos Aires e Ituzaingó. La falta de acción en estos temas fundamentales pone en evidencia que la prioridad no está en la formación, sino en la gestión efectiva de los recursos existentes.

El segundo objetivo del instituto se centra en profundizar sobre los roles de los funcionarios y el funcionamiento del Concejo Deliberante. Esta propuesta resulta confusa, ya que no se entiende cómo se llevará a cabo esta profundización y qué beneficios reales traerá a la comunidad. La sospecha que surge es que esta creación responde más a intereses políticos y partidarios que a una necesidad genuina de mejora en la gestión pública.

La figura de Javier Pretto, presidente del Concejo Deliberante y vice-intendente, se asocia a esta situación. Su papel en la creación de este instituto parece estar ligado a negociaciones políticas, donde se busca colocar personal en el Estado bajo el pretexto de formación y capacitación. Esto plantea un interrogante sobre la verdadera intención detrás de esta iniciativa y si realmente responde a las necesidades de la ciudadanía o a un simple loteo del Estado.

Si los políticos realmente desean mejorar la participación ciudadana y la técnica de consulta, deberían comenzar por preguntar a los vecinos si están dispuestos a financiar una nueva oficina que, al menos en este momento, parece innecesaria. La percepción es que se trata de un gasto más que no responde a una lógica de ahorro, sino a una estrategia política.

Finalmente, me pregunto: ¿qué parte del mensaje de que hay que ahorrar no comprenden muchos políticos que continúan actuando como si vivieran en una burbuja? La desconexión entre la política y la realidad social es alarmante y es hora de que se tomen decisiones que realmente beneficien a la comunidad.