Amparo de 14 gobernadores por recortes en la coparticipación

Gobernadores opositores de 14 provincias presentaron una cautelar ante la Corte Suprema con el objetivo de frenar las últimas medidas del Gobierno de rebaja del IVA y del impuesto a las Ganancias, al entender que tales decisiones son "anticonstitucionales" porque afectan recursos coparticipables.

En tanto, se abstuvieron de recurrir a la Corte los mandatarios de los distritos oficialistas (Buenos Aires, Capital Federal, Jujuy, Corrientes y Mendoza) y otras provincias opositoras que días atrás habían firmado un documento crítico de los decretos 561 y 567: se trata de Córdoba, Entre Ríos, Chaco, Misiones, Río Negro y Neuquén.

Las autoridades de esas seis provincias opositoras decidieron abrir un compás de negociación con el Gobierno para los próximos días, antes de judicializar el asunto.

El gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, privilegió mantener la buena sintonía con la Casa Rosada y, hasta el momento, no acompañará la iniciativa.

Juan Manuel Urtubey fue el único gobernador peronista no alineado a la fórmula Fernández-Fernández que se sumó a la estrategia común de instruir a los fiscales de Estado para que presentaran la cautelar "no para frenar las medidas económicas anunciadas, sino para que no se saquen fondos a las provincias".

Las provincias que apelaron a la Corte son Santa Fe, Misiones, Santiago del Estero, Formosa, Tierra del Fuego, Catamarca, Chubut, La Pampa, La Rioja, San Luis, Santa Cruz, Tucumán, Salta y San Juan.

Llamativamente, en la nómina faltan Chaco y Entre Ríos, cuyos gobernadores tienen línea directa con Alberto Fernández.

Según Noticias Argentinas, el gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, decidió parar la pelota para darle algo más de tiempo al Gobierno, pero la idea sería radicar un planteo similar el próximo miércoles ante el supremo tribunal.

La presentación basa el rechazo a las medidas de rebaja de impuestos en el hecho de que tales decisiones "afectan intereses de las provincias, toda vez que dispone de fondos que pertenecen a las Provincias, de modo inconsulto".

Los fiscales de Estado de las 14 provincias aducen que medidas de ese calibre deberían someterse al debate en el Congreso nacional dado que afecta el sistema de coparticipación de recursos entre Nación y provincias, y advierte que "violentan" los acuerdos dispuestos en el Consenso Fiscal 2018.

Fuentes oficiales del Gobierno lamentaron el curso de acción seguido por las 13 provincias y sostuvieron que "hay que dirimir las diferencias en una mesa de diálogo, no en la Justicia".

"Iniciamos la semana pasada una ronda de diálogo con los ministros de Economía de las 19 provincias que firmaron el documento. Siempre estamos dispuestos al diálogo y buscar ejes de consensos, como lo hemos hecho estos cuatro años logrando acuerdos históricos que le devolvieron los recursos a las provincias que antes retenía el gobierno nacional", argumentaron.

Y reivindicaron los decretos firmados por el presidente Mauricio Macri tras las elecciones PASO que dispusieron una rebaja de impuestos para compensar parcialmente la pérdida de poder adquisitivo producto de la última devaluación.

"Todos entendemos que las medidas anunciadas son beneficiosas para las familias argentinas y los trabajadores. Son un alivio después de la depreciación de la moneda post Paso. El esfuerzo fiscal no solo lo hacen las provincias, sino también el gobierno nacional", explicaron.

En diálogo con Cadena 3, Eduardo Allende, fiscal de Estado de San Luis, dijo a Cadena 3 que "no discuten la bondad de las medidas, sino que el sistema de coparticipación se basa en acuerdos entre las provincias y cualquier modificación de esa base también se debe hacer bajo acuerdos".

"Tenemos un sistema de coparticipación desvirtuado, no de ahora, sino de años donde el Estado Nacional ha ido sacando fondos que eran de la provincia", planteó.

"La ley de coparticipación dice que al Estado le queda el 43% y el 27% va a las provincias y hoy el Estado nacional se queda casi con el 70% de la recaudación", agregó, y si bien reconoció que están lejos lo que plantea la ley de Coparticipación, destacó los dos fallos que ganó San Luis y Santa Fe con respecto al Anses.

"Esta presentación va a ser histórica", afirmó Allende.

Otra de las provincias que participaron del amparo fue San Juan. "Es un impuesto con los que nosotros estábamos de acuerdo pero pretendíamos que -como cada vez que se rebajaron impuestos- se hubiese llevado adelante un acuerdo a donde se fijaran compensaciones o se dividieran esfuerzos. Esta medida fue unilateral por parte de Nación y por esto genera una reacción por parte de las provincias", dijo a Cadena 3 Roberto Gattoni, ministro de Hacienda de la provincia.

La semana pasada, los gobernadores opositores se reunieron en el Consejo Federal de Inversiones (CFI), y manifestaron su rechazo a la reducción de coparticipación que significarán las devoluciones y rebajas de Ganancias, Monotributo e IVA.

Cuando se conocieron las primeras medidas, los ministros de Economía de las provincias se reunieron y elaboraron un informe en el que aseguraron que la devolución de Ganancias y la bonificación del Monotributo implicaría que el costo de las medidas en impuestos coparticipables y asignación específica alcanzaría los $51.800 millones, que corresponden a las provincias, además de ATN, AFIP, Nación y Seguridad Social.

De ese total, $25.654 millones se les restarían de la coparticipación a las provincias (Buenos Aires es la más afectada) y a la Ciudad de Buenos Aires.

Ganancias, indicaron, se coparticipa en un 100%, mientras que la distribución del Monotributo corresponde 30% a las provincias y el resto a la Anses. 

Así concluyeron que las pérdidas serían de $6.045 millones para Buenos Aires; $2.535 millones para Santa Fe; $2.518 millones para Córdoba; $1.665 millones para la Ciudad de Buenos Aires, $1.373 millones para Chaco; $1.310 millones para Tucumán; $1.344 millones para Entre Ríos; $1.148 millones para Mendoza y $1.137 millones para Santiago del Estero.

El resto de las provincias dejaría de recibir entre $ 340 millones y $ 900 millones cada una.

Entrevista de Miguel Clariá- Informe de Eduardo Meglioli y Luis Heredia.