Diputados abre el debate para reformar la ley de alquileres

La Cámara de Diputados pone en marcha el tratamiento de la reforma de la ley de Alquileres, luego de que la semana pasada el oficialismo y la oposición se pusieran de acuerdo en trabajar el tema y culminar con la firma de dictámenes en un plazo no mayor a los 30 días hábiles.

La comisión de Legislación General, la única que recibió giro para tratar el tema, se constituyó a las 15 (con la oficialista Cecilia Moreau ratificada en la presidencia) y media hora después estaba previsto el comienzo del debate en la sala 1 del anexo de la Cámara baja.

En esta primera reunión, la idea es establecer un cronograma de trabajo, especificando las fechas en las cuales asistirán los representantes de las partes involucradas (inquilinos, propietarios e inmobiliarias).

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El ministro de Desarrollo Social de la Provincia de Buenos Aires, Daniel Arroyo, dijo en declaraciones a los periodistas que en la actualidad la generación de inquilinos tiene muchas dificultades. “La inflación hace que hoy la ley original, que arrancó con un espíritu, hoy tenga problemas”.

Arroyo sostuvo que hay que discutir en la modificación de la ley el plazo de alquiler, el índice de actualización y tener una mirada federal porque “las realidades de cada uno son muy distintas”.

“Creo más en la promoción que en la regulación”, cerró.

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La norma vigente -denominada "Ley Lipovetzky" en alusión a su autor, el ex diputado nacional Daniel Lipovetzky- no trajo los resultados esperados, ya que no contribuyó con el objetivo primario de contener los aumentos, y en muchos casos provocó el efecto contrario, debido a la reducción de la oferta de viviendas en alquiler.

Las principales objeciones de esta norma tienen que ver con el plazo de duración de los contratos, que pasó de dos a tres años, y con el mecanismo de actualización anual de los precios de acuerdo a una fórmula que combina inflación (IPC) con variación salarial (RIPTE).

Según se adelantó, habría consenso retrotraer estos cambios y restaurar los contratos de dos años con indexación semestral.

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Juntos por el Cambio había convocado a una sesión especial para este mismo martes con el propósito de derogar la actual ley de Alquileres, pero desactivó la maniobra tras el acuerdo con el oficialismo para trabajar en el marco de la comisión por un plazo de un mes. También pesó el hecho de que la principal coalición opositora no tenía garantizado el quórum para habilitar la sesión, y mucho menos contaba con una mayoría especial para aprobar la iniciativa.

De todos modos, Juntos por el Cambio avisó que si transcurrían los 30 días hábiles sin la firma de dictámenes, volvería a pedir una sesión especial para derogar la Ley 27.551.

En la Cámara de Diputados hay presentados más de veinte proyectos por parte de legisladores de las distintas fuerzas: algunos proponen la derogación parcial o total, otros la suspensión, y el resto tienen que ver con una modificación de la "Ley Lipovetzky".

Los proyectos serán tratados por la comisión de Legislación Penal, la cual estará integrada por 16 diputados oficialistas; 14 de Juntos por el Cambio y una del interbloque Federal.

En el Frente de Todos no hay una postura unánime sobre cuál es la mejor ley posible. El diputado nacional José Luis Gioja presentó un proyecto con topes en los precios y un impuesto a la vivienda ociosa. Este último punto es rechazado de plano por la oposición, para no perjudicar a los propietarios.

La propuesta del ex presidente del PJ y ex gobernador de San Juan también busca otorgar beneficios tributarios para los propietarios que alquilan sus inmuebles, entre ellos, la desgravación del Impuesto a los Bienes Personales por 15 períodos fiscales.

Incluye a su vez un plan para la construcción y adquisición de inmuebles por el Estado Nacional, las provincias y la Ciudad para la gestión pública de alquileres sociales, a precios más bajos que los del mercado.

Con amplio consenso interpartidario, la actual Ley de Alquileres recibió su primera media sanción en diputados en noviembre de 2019, cuando aún gobernaba Mauricio Macri, pero terminó siendo convertida en ley en junio de 2020, en los primeros meses de la gestión de Alberto Fernández.