Comodoro Py
04/06/2024 | 15:32
Redacción Cadena 3
Sergio Castellano
La secretaria de Legales del Ministerio de Capital Humano, Leila Gianni quien reemplaza a Pablo de la Torre, y el dirigente social Juan Grabois se cruzaron en un áspero diálogo este mediodía tras una audiencia ante la Cámara Federal por la distribución de los alimentos almacenados para comedores sociales.
A la salida de la audiencia, en los pasillos de Comodoro Py, ambas partes del expediente cruzaron acusaciones: Grabois le reclamó a la funcionaria por la falta de entrega de los alimentos y Gianni le replicó que dejara “de robar”.
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“Kuka chorra”, le rebatió Grabois, aludiendo a una antigua militancia kirchnerista de la ahora funcionaria de La Libertad Avanza, ante lo cual Gianni emprendió la retirada devolviendo el adjetivo de “chorro” e insistiendo: “Dejá de robar”.
El dirigente social Juan Grabois planteó la “hipótesis” sobre que el Ministerio de Capital Humano “se deshizo de la comida vencida porque los implicaba directamente en el centro de esta causa”.
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“Esto es muy importante porque mintieron. En el primer informe dijeron un stock, en el segundo, otro y en el allanamiento se descubrió que había faltantes de comida" , señaló Grabois.
Ambos comparecieron hoy ante los camaristas Martín Irurzun, Eduardo Farah y Roberto Boico, quienes tienen que resolver si mantienen o revocan la cautelar del juez de primera instancia Sebastián Casanello, quien le ordenó al gobierno la elaboración de un plan para la entrega de los alimentos.
El gobierno apeló esa decisión, impulsada por Grabois como representante de los comedores que no están recibiendo alimentos, y hoy se celebró la audiencia.
Grabois, como abogado, reclamó que se confirme la decisión de Casanello y que el gobierno reparta de inmediato la totalidad de los alimentos.
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En las últimas horas se inició un operativo para distribuir solamente el cargamento de leche en polvo almacenado, no así el resto de la comida.
Por su parte, los abogados que representaron al gobierno insistieron en las irregularidades de los comedores populares detectadas por una auditoría interna y cuestionaron los mecanismos mediante los cuales en el gobierno de Alberto Fernández se distribuían los alimentos.
El tribunal pasó a deliberar y, según anticiparon fuentes judiciales, emitirá una decisión “a la brevedad”.
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