El Gobierno admite que hay "diferencias" con los bonistas

El presidente Alberto Fernández admitió este miércoles a la noche que hay "diferencias" con los acreedores durante las negociaciones por la deuda y criticó que "algunos acreedores tomaron una actitud de dureza que no se entiende".

El jefe de Estado consideró, además, que, si el país no llega a un entendimiento, "en términos reales, no hay mucha diferencia".

"Va a haber problemas para que las empresas tengan acceso al crédito, pero ya los tienen", argumentó en declaraciones a un canal de televisión.

Sin embargo, evaluó que "siempre es mejor acordar" e insistió: "Es mejor pagar la deuda que no pagarla, claramente. Hoy a la Argentina nadie le presta plata".

"Tenemos diferencias", reconoció el Presidente al referirse a los bonistas y apuntó: "No depende sólo de nosotros".

En ese escenario, cuestionó que "algunos acreedores tomaron una actitud de dureza que no se entiende".

"Hemos hecho nuestro mejor esfuerzo", destacó y remarcó que la Argentina hizo "una segunda oferta, que no termina de ser aceptada plenamente por los fondos".

Además, apuntó: "No entiendo muy bien el apuro para ver cuándo salimos del default o nos ponemos de acuerdo con los acreedores".

El mandatario también se refirió al Fondo Monetario Internacional (FMI) y alertó: "El Fondo dejó de cumplir su préstamo otorgado, porque dejó de confiar en la Argentina".

Las declaraciones de Fernández se dieron minutos después de que el Ministerio de Economía advirtiera que la Argentina "no puede comprometerse de manera razonable" a hacer frente a las últimas exigencias de grupos de acreedores.

La cartera que conduce Martín Guzmán cuestionó algunos reclamos por ser "ampliamente inconsistentes con el marco de sostenibilidad de la deuda".

Según dio a conocer el Ministerio, la propuesta de los grupos Ad Hoc Bondholder Group and Exchange Bondholder Group busca que la Argentina comience a pagar intereses a partir del año próximo que varían entre un 0,50% y un 5,75% para los distintos tipos de bonos con vencimientos que se extienden hasta el 2045, aunque el Gobierno pidió tres años de gracia.