El Gobierno relativizó el fallo y apuesta al Congreso

“La Corte Suprema de Justicia, conocida en el día de hoy, no resolvió un caso particular y concreto, sino que realiza consideraciones indicativas, toda vez que ya no se encuentra vigente el DNU cuestionado. El mismo tribunal admite, como ya lo había hecho en la Acordada 6/2020, que el Poder Judicial no cuenta con los instrumentos necesarios para evaluar la idoneidad de los indicadores sanitarios y epidemiológicos y, por lo tanto, las medidas aptas para contener los contagios”, dice uno de los puntos del texto dado a conocer este martes a la noche por la Secretaría de Comunicación y Prensa de la Nación.

“Actualmente, se encuentra vigente el DNU 287/2021 que ha adoptado parámetros epidemiológicos y sanitarios específicos y ha calificado los distintos partidos, departamentos y aglomerados urbanos en alto, mediano o bajo riesgo epidemiológico y sanitario, o en alerta epidemiológica y sanitaria. En esta última clasificación se incluye a la Ciudad de Buenos Aires y a los partidos de la provincia de Buenos Aires que conforman el aglomerado del AMBA”, añade el comunicado.

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El Gobierno nacional declaró que ha sido elegido democráticamente "para adoptar las medidas que considera pertinentes para proteger la salud pública" y lamentó que la Corte Suprema de Justicia haya sostenido, "con inusitado rigor formal", que las autoridades se basaron en "consideraciones meramente conjeturales con insuficiente fundamentación" para suspender las clases presenciales en CABA.

En el extenso comunicado en el que detalló las acciones desarrolladas desde el inicio de la pandemia, el Gobierno respondió al fallo del máximo tribunal y expresó que "resulta contra fáctico y no puede verificarse qué hubiera sucedido si el Gobierno nacional no hubiera adoptado medidas a tiempo, ante la pasividad del GCBA (Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires)".

"Con inusitado rigor formal, como si no estuviese en riesgo la salud pública y los derechos subjetivos que de ella derivan, como la vida, la Corte Suprema ha sostenido que, al suspender por quince días las clases presenciales en el conglomerado urbano del AMBA, el Gobierno nacional se habría basado en 'consideraciones meramente conjeturales' con insuficiente fundamentación", añade.

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La declaración indica: "Es un deber y un objetivo central de este Gobierno garantizar el derecho constitucional a la educación; y sabemos, sin ninguna duda, que este derecho se ejerce con mayor plenitud cuando se desarrolla en la modalidad presencial con docentes, niños, niñas y adolescentes en las aulas".

Y señala que "al momento de dictarse el DNU (Decreto de Necesidad y Urgencia) cuestionado, el AMBA (Área Metropolitana de Buenos Aires) exhibía un crecimiento exponencial de contagios mayor al que presentaba el resto del país y el sistema de salud se hallaba fuertemente tensionado, con peligro de saturación" y "que también se ha verificado durante el año 2020 que la situación epidemiológica del AMBA se extiende a las demás regiones del país".

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El Gobierno ahora apuesta al Congreso

En medio de la tensión entre Nación y el Gobierno porteño por el fallo de la Corte Suprema de Justicia que avaló el dictado de clases presenciales en la Ciudad, el Ejecutivo nacional apuesta sus fichas al proyecto de ley que enviará al Congreso para que avale futuras restricciones en distritos de todo el país.

Así lo indicaron a NA fuentes de Casa Rosada, que precisaron que el proyecto aún "no está redactado", pero diversas áreas del Gobierno están trabajando sobre las líneas generales que ya están pautadas.

El envío del proyecto de ley fue anunciado días atrás por presidente Alberto Fernández durante un mensaje grabado, en el que el jefe de Estado anunció la extensión de las medidas restrictivas hasta el próximo 21 de mayo.

En ese marco, Fernández anunció que "en los próximos días" enviará un proyecto de ley al Congreso de la Nación para que, "en función de criterios científicos claros y precisos, se faculte al Presidente de la Nación y a los gobernadores a tomar restricciones y medidas de cuidado durante esta situación excepcional".

De esta manera, el jefe de Estado buscará el respaldo del Congreso, a través de una ley, para evitar eventuales rechazos y presentaciones en la Justicia, como sucedió en las últimas semanas con la Ciudad de Buenos Aires.

Tras el fallo de la Corte que avaló la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires, Alberto Fernández apuntó contra el máximo tribunal y advirtió que va a "seguir cuidando la salud de los argentinos por más que escriban muchas hojas en sentencias".

Según supo Noticias Argentinas, los encargados de diseñar la letra fina del proyecto son la secretaria de Legal y Técnica, Vilma Ibarra, junto al jefe de Gabinete, Santiago Cafiero.

La idea del Gobierno nacional surgió de uno de los tantos informes que recibió Alberto Fernández sobre las medidas que se toman en el resto de los países ante la pandemia, donde apareció el caso Alemania.

Ante el aumento exponencial de contagios por coronavirus, el Parlamento de Alemania sancionó a mediados de abril una ley con el objetivo de unificar la toma de decisiones para todo el país.

La experiencia alemana fue puesta como ejemplo por la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, al referirse al anuncio del envío de un proyecto similar para establecer "criterios científicos claros y precisos" en función de los cuales cada distrito tengan la potestad de adoptar "restricciones y medidas de cuidado".

El texto alemán impone un endurecimiento de las reglas sanitarias cuando la tasa de incidencia (número de infecciones por semana) supere los 100 cada 100.000 durante tres días consecutivos, aunque se desconoce si ése será el mecanismo que propondrá la administración de Fernández.

La activación automática de ese recurso, llamado "freno de emergencia", sirvió para frenar las discusiones internas en Alemania, dado que los dirigentes de diversas regiones atenuaban o incluso ignoraban algunas las medidas decretadas por la canciller Angela Merkel para contener los contagios por Covid-19.