Financiamiento
27/03/2025 | 15:28
Redacción Cadena 3
El próximo 31 de marzo vencerá la resolución firmada en enero por la vicepresidenta Victoria Villarruel, que frenó la actualización automática de las dietas de los senadores. Según informó Infobae, Villarruel dejará en manos de los bloques la decisión sobre el incremento, aunque las bancadas han dado a entender que no tomarán acción al respecto. Si esto ocurre, desde mayo cada senador recibirá un sueldo bruto mínimo de $9 millones.
Un aumento postergado y una polémica constante
Desde el inicio de la gestión libertaria, el Congreso ajustó sus dietas en línea con los aumentos otorgados a la administración central. Sin embargo, estos incrementos fueron frenados en distintas instancias por el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y por la propia Villarruel.
En abril de 2024, oficialismo y oposición acordaron un nuevo sistema de dietas en el Senado, estableciendo un esquema compuesto por 2.500 módulos, con adicionales de 1.000 por gastos de representación y 500 por desarraigo.
/Inicio Código Embebido/
/Fin Código Embebido/Actualmente, la mayoría de los senadores percibe un salario bruto superior a los $7 millones, con la excepción de Alicia Kirchner, quien optó por mantener su jubilación. En respuesta a las críticas generadas por estos aumentos, el pleno del Senado anuló una suba prevista en 2024 y congeló sus dietas hasta el 31 de diciembre.
El rol de los gremios y la presión en el Congreso
En noviembre pasado, el Congreso cerró una paritaria similar a la del Ejecutivo para los empleados legislativos, con una suba del 6,13% entre septiembre y diciembre. Sin embargo, esta medida no incluyó a los senadores, quienes mantuvieron el congelamiento de sus haberes. En los últimos meses, varios legisladores presionaron a Villarruel para que se hiciera cargo de la decisión sobre sus dietas, a pesar de que ellos mismos habían aprobado la medida en el recinto.
El debate sobre el financiamiento de la política sigue siendo una cuestión pendiente en el Congreso, mientras que en el Senado persisten diferencias sobre la distribución de los módulos asignados a cada bloque. Con una economía marcada por la inflación, el Gobierno podría aprovechar la situación para ejercer presión sobre la cámara alta y condicionar futuras decisiones presupuestarias.
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