Garavano busca prevenir liberaciones masivas de detenidos

El ministro de Justicia, Germán Garavano, dijo este martes que los cambios introducidos por la reglamentación de la nueva ley Procesal Penal Federal en materia de prisión preventiva no deberían derivar en la liberación masiva de detenidos bajo esa figura, y afirmó que se mantienen "las causales existentes, pero describe objetivamente supuestos muy específicos" para dictar esa medida.

Garavano, en declaraciones que formuló en una rueda de prensa luego de una reunión del gabinete nacional que encabezó el presidente Mauricio Macri en la Casa de Gobierno, consideró que las nuevas normas "bajo ningún concepto deberían autorizar ningún tipo de libertades anticipadas o revocatorias de prisiones preventivas dictadas".

El funcionario dijo que el pedido de liberación "podría sí ser planteado por las personas que están privadas de libertad, pero en principio lo que ha hecho el Código Procesal penal Federal es mantener las causales existentes, pero describe objetivamente supuestos muy específicos" para dictar la prisión preventiva.

Garavano señaló que "la nueva normativa en algunos puntos es mucho más precisa, más dura que la anterior, por lo cual no vemos mayores consecuencias", y sostuvo que el Código Procesal Penal Federal establece "un cambio de paradigma".

En el boletín Oficial de hoy se publicó la resolución 2/2019 de la Comisión Bicameral de Monitoreo e Implementación del Código Procesal Penal Federal, por la cual se avanza en la aplicación de esa norma en todo el país, en donde regirá a partir del viernes próximo, y que, entre otras puntos, plantea límites a las prisiones preventivas de los acusados.

Garavano explicó que "este proceso de implementación comenzó en junio pasado muy exitosamente en Salta y Jujuy, donde tenemos fiscalías avanzando en la investigación de casos, y donde tenemos procesos judiciales que antes demoraban cinco o seis años , y que pasaron a resolverse en unos pocos días, no en unas pocas semanas".

En ese sentido, precisó que "en este contexto la Comisión Bicameral decidió que este proceso siga avanzando en jurisdicción de la Cámara Federal, de Rosario y de Mendoza, y adicionalmente dispuso que en una serie de artículos se puedan aplicar en todo el país".

El ministro señaló que en materia de prisión preventiva "el nuevo Código establece supuestos muy específicos, por ejemplo, cuándo se puede presuponer que hay peligro de fuga, y esto tiene que ver con brindar un domicilio inexacto, haberse fugado previamente, tener otros procesos judiciales que hagan presumir que la persona va a intentar eludir el accionar de la justicia".

Además de prever "todo lo que tiene que ver con la manipulación de testigos", un tema "muy importante que se introduce y que hasta ahora no existía, y que de algún modo da mayores argumentos para la prisión preventiva, es el que tiene que ver con el producto del ilícito"

"En caso de corrupción, se interpreta que si los bienes que fueron sustraídos no volvieron al Estado, eso quiere decir que se está obstaculizando el accionar de la Justicia, que no solo tiene por objetivo establecer la responsabilidad de las personas, sino también recuperar los bienes que fueron sustraídos y devolverlos", una línea "en la que iba el decreto de extinción de dominio y otras decisiones", dijo.

Al insistir en la necesidad de resolver rápidamente los procesos, Garavano señaló que "en el sistema federal, empezando por los casos de lesa humanidad, que es una asignatura pendiente para resolver de nuestra justicia, tiene más personas en prisión preventiva que con condena".

"Hoy la relación es de aproximadamente un 60 por ciento de personas en prisión preventiva y solo el 40 por ciento condenadas, y en esto tenemos que seguir avanzando", expresó.

Garavano manifestó que "cuando analiza el total país que este gobierno ha logrado en el orden nacional, que haya un 52 por ciento de condenados y 48 por ciento de procesados, esa línea es la que tenemos que seguir y a eso apunta el nuevo Código, y para que la Argentina no vuelva a tener nunca más la impunidad que ha sufrido durante muchos años".

"El gobierno ha propugnado en toda esta gestión que este sistema de justicia debe promover la realización de juicios orales para saber si una persona es culpable o inocente y no al uso de herramientas intermedias como la prisión preventiva, que en definitiva no determinan esto (la culpabilidad) que es lo importante para la sociedad", sostuvo el ministro.