La Bolsa de Córdoba rechazó la ley de alquileres vigente

La Bolsa de Comercio de Córdoba publicó este lunes un informe con distintos aspectos que evidencian "el impacto opuesto al pretendido" de la nueva ley de alquileres, que en la actualidad está siendo revisada en el Congreso.

El texto sostiene que la norma "encareció los precios y limitó el acceso a viviendas por parte de inquilinos por la retracción de la oferta" y destacó que, con la ley anterior (la reemplazada por la actual), "el precio de los alquileres avanzaba significativamente por debajo de la inflación".

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Según el estudio publicado, "en los 21 meses de vigencia los alquileres crecieron 113% en Córdoba, 135% en CABA, 147% en Rosario y entre 157% y 184% en el Gran Buenos Aires, es decir, siempre por encima del Índice de Precios al Consumidor publicado por el Indec". 

"La inflación acumuló un 107% a nivel nacional en los 21 meses transcurridos desde la entrada en vigencia de la nueva ley. Similar fue lo ocurrido con los precios en el Gran Buenos Aires (105,6% de aumento) y la región pampeana (107,9%)", agrega.

En cambio, "en los 21 meses previos a la nueva normativa la inflación acumulada fue inferior: 95% a nivel nacional, casi 92% en el Gran Buenos Aires y 97% en la región pampeana. No sólo esto, sino que el precio de los alquileres aumentó entre 55% y 70% en los centros urbanos analizados en el trabajo", completa el estudio de la Bolsa de Comercio.

El resto del comunicado

El informe también plantea que el regreso de la indexación de los contratos es una dinámica que se ve afectada por el efecto de otras regulaciones de la nueva normativa.

Por ejemplo, al analizar la evolución de la oferta de alquileres, durante febrero se redujo en un 15% frente a 2020 y un 25% en relación a 2019, lo que impacta directamente en el alza de los precios.

Si a estas variables se suma el deterioro del salario real ocurrido durante los últimos dos años, que retrocedió un 6,1% desde el inicio de la pandemia y se verá perjudicado por la aceleración inflacionaria del primer trimestre de 2022, la nueva normativa resultó perjudicial al encarecer y limitar el acceso a un alquiler.

Estos efectos adversos resultan más notorios para la población más vulnerable, dado que el impacto de la crisis económica es superior (8,9% de caída en el salario real de los trabajadores informales) y las mayores barreras de entrada impuestas por la nueva Ley los aleja aún más del acceso a una vivienda.