La Rioja: la puja entre Municipio y Provincia va a la Corte

El conflicto político entre la intendenta de la ciudad de La Rioja, la radical Olga Inés Brizuela y Doria, y el gobernador de esa provincia, el peronista Ricardo Quintela, llegó este jueves a la Corte Suprema de la Nación.

En representación de Brizuela y Doria, el abogado constitucionalista cordobés, Antonio María Hernández, presentó un recurso de amparo por “violación de la autonomía municipal”.

En la acción judicial, se argumenta que el Gobierno provincial vulneró el derecho antes mencionado “en sus aspectos institucionales, políticos, financieros y administrativos”.

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En ese marco, la intendenta acusa a la Provincia de infligirle “una situación de verdadera asfixia financiera a la Municipalidad” a través de instrumentos y acciones llevados a cabo con el objetivo de “detraer fondos de la coparticipación impositiva que le corresponden”.

Además, lanza una dura denuncia contra la administración de Quintela: “Ha creado un estado de abandono y de exposición al peligro del Municipio, sus dependencias y establecimientos, sus bienes y su personal -creando una verdadera zona liberada para la comisión de delitos-, debido a la pasividad y la inacción consiente y deliberada de las fuerzas policiales y de la Justicia de la provincia frente a los graves hechos de violencia y las múltiples agresiones y amenazas producidas por grupos de personas que han tomado por la fuerza y ocupado edificios municipales, se han apoderado y retienen ilícitamente los camiones recolectores de basura, han atacado el Palacio Municipal produciendo daños a los bienes públicos y poniendo en riesgo a las personas, impidiendo de esta manera el normal y regular funcionamiento del Municipio y la prestación de los servicios básicos y fundamentales que le son propios”.

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“Llevan adelante una verdadera intervención de facto del Municipio, al apropiarse y tomar a su cargo los servicios municipales (como viene ocurriendo con el servicio de transporte urbano de pasajeros, el asfaltado de calles de la ciudad, el diseño urbano, la apropiación y disposición de inmuebles de propiedad municipal) y, ahora, la recolección de residuos urbanos, que el Gobierno provincial ha tomado a su cargo y lleva a cabo en toda la ciudad en forma improvisada, precaria, irracional y generando un grave e inocultable daño ambiental; todo lo cual lesiona gravemente los derechos y garantías que la Constitución asegura”, añade el texto que llegará al máximo tribunal del país.

El recurso de amparo

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