Escándalo en Jujuy
14/12/2019 | 08:33 | Clara De Lange de Falcone señaló: "No vamos a permitir que quede libre". La Asociación de Abogados de Jujuy la criticó y cuestionó la “parcialidad” de la funcionaria judicial.
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La presidenta del TSJ criticó la posible libertad de Sala (por Elisa Zamora)
La Asociación de Abogados de Jujuy cuestionó este viernes la “parcialidad” de la presidenta del Superior Tribunal de Justicia de Jujuy, Clara De Lange de Falcone quien, al referirse a la situación de detención de la dirigente Milagro Sala afirmó: "No vamos a permitir que quede libre”.
De Lange realizó esas declaraciones a la prensa local, al aludir a la posibilidad de la excarcelación de Sala debido a sentencias que aún no se encuentran firmes, aunque aclaró que hablaba en su carácter de “ciudadana común”.
"No estoy hablando como presidenta del Poder Judicial, sino como presidenta de la Asociación Justicia Jujuy. No toco mi rol de presidenta, sino que hablo como una ciudadana común", se excusó.
En diálogo con Cadena 3, el juez Pablo Pullen Llermanos, quien encarceló a la dirigente social, dijo que coincide con la presidenta del TSJ.
"La presidenta ha sido clara: por más aprietes que le hagan al gobernador de la provincia desde Nación, el poder judicial se va a mantener en los márgenes legales. Si tiene que continuar presa, continuará presa", sostuvo.
"Es de esperar que desde Nación hagan fuerza y tomen una conducta", pronosticó.
Por su parte, la Asociación de Abogados emitió un comunicado de repudio al asegurar que De Lange de Falcone se mostró “incumpliendo su delicada misión de representar al Poder Judicial de la provincia" y "evidenciando parcialidad respecto de una ciudadana sometida a diversos y cuestionados procesos aún en trámite”.
Criticaron, además, que pretendiera “justificarse después” con la aclaración de no estar hablando como presidenta del Poder Judicial.
Aseguraron que dejó de lado “las conductas éticas y legales que deben observar los magistrados, expresando una opinión personalísima y anticipada sobre causas pendientes de resolución y que indefectiblemente serán tratadas por el Superior Tribunal de Justicia que ella preside".
Sus expresiones, agregaron, “no solo permiten prever su actuación futura respecto de ciertas causas y determinadas personas -por haber anticipado su criterio- sino que adquieren además una gravedad extrema por el alto cargo que ocupa y del cual no puede escindirse bajo el pretexto de considerarse también una ciudadana común”.
“El público prejuzgamiento no solo compromete los derechos que le asisten a cualquier imputado/a, sino que además constituye una falta al deber de la ética judicial”, al tiempo que recuerdan otras "efectuadas contra abogados litigantes locales” al inicio del Año Judicial, llamándolos “mentirosos”.
Sobre Milagro Sala, que cumplirá en enero cuatro años privada de su libertad por estar involucrada en distintas causas que implican corrupción y daños a personas, la jueza aseguró ante la prensa local: “Fuimos la única provincia que ha juzgado con un proceso sano y justo el caso que conocen. Hemos hecho juicios y ha habido sentencias” que “no están firme por los recursos que interponen”.
“Me animo a adelantarme: no vamos a permitir que quede libre esperando que quede firme su sentencia; creo que la sociedad no lo va a permitir porque no quiere volver a lo que se ha vivido”, añadió De Lange.
Luego, la jueza aclaró que sus afirmaciones no fueron en carácter de presidenta del Poder Judicial de Jujuy, sino "como una ciudadana común, que he vivido los gobiernos paralelos".
Sala, de 54 años, creó la organización barrial Tupac Amaru, fue diputada provincial y, según fuentes judiciales, cumple arresto domiciliario por dos condenas, una de ellas confirmada por la Corte Suprema a tres años de prisión en suspenso como instigadora de daños agravados durante una protesta contra el ex senador Gerardo Morales -ahora gobernador reelecto- y otra a 13 años de prisión por el Tribunal en lo Criminal 3 por fraude a la administración pública y extorsión en concurso real por el desvío de fondos destinados a la construcción de viviendas sociales.
Informe de Elisa Zamora