Corte Suprema
26/02/2025 | 12:59
Redacción Cadena 3
El presidente Javier Milei dio un paso inédito al nombrar por decreto a Ariel Lijo y Manuel García Mansilla como jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, utilizando la facultad constitucional de designaciones en comisión durante el receso legislativo.
Esta decisión, oficializada este miércoles en el Boletín Oficial mediante el decreto 137/2025, desató un torbellino de reacciones y especulaciones sobre los caminos que podrían abrirse en el ámbito político, judicial y social.
A continuación, las alternativas que podrían configurarse tras este controvertido movimiento.
Una de las posibilidades más inmediatas es que Lijo y García Mansilla asuman sus cargos sin mayores obstáculos legales en el corto plazo.
Ambos jurarían como ministros y se sumarían a los actuales integrantes —Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti—, llevando el tribunal a cinco miembros.
Esto cumpliría el objetivo del Ejecutivo de “normalizar” el funcionamiento de la Corte, que desde la salida de Elena Highton de Nolasco en 2021 y Juan Carlos Maqueda en 2024 operaba con solo tres jueces.
En este escenario, el Gobierno podría obtener una Corte más dinámica y, según algunos analistas, más alineada con sus intereses, especialmente si se consolida una mayoría con Lorenzetti, quien históricamente apoyó la candidatura de Lijo.
El Senado, que debe prestar acuerdo a los pliegos para que las designaciones sean permanentes, podría convertirse en el principal campo de batalla.
Si bien los nombramientos en comisión son válidos hasta el fin del próximo período legislativo (noviembre de 2025), la Cámara Alta tiene la potestad de rechazarlos cuando retome el trámite.
El bloque de Unión por la Patria, liderado por José Mayans, ya adelantó que impugnará cualquier designación por decreto, argumentando un “atropello institucional”.
Si el Senado rechaza a Lijo y García Mansilla con los dos tercios necesarios, ambos deberían abandonar sus cargos, lo que generaría una crisis entre poderes.
El Gobierno, anticipándose a esto, podría insistir en repetir el procedimiento en comisión, prolongando la incertidumbre.
Otra alternativa es que la oposición, organizaciones civiles o sectores judiciales presenten recursos de amparo para cuestionar la constitucionalidad del decreto.
Aunque el artículo 99, inciso 19 de la Constitución Nacional avala los nombramientos en comisión, críticos como el CELS y la ACIJ han señalado que el proceso vulnera estándares democráticos y de transparencia, especialmente por la falta de consenso previo en el Senado.
Si un juez federal acepta una medida cautelar, la jura de Lijo y García Mansilla podría suspenderse, llevando el caso a la propia Corte Suprema —en una paradoja, con tres miembros actuales decidiendo sobre la incorporación de dos nuevos—. Este escenario podría derivar en una batalla legal prolongada, afectando la legitimidad del tribunal.
El Gobierno podría optar por una estrategia mixta: insistir en el trámite legislativo durante 2025 para lograr acuerdos en el Senado. Lijo, cuyo pliego obtuvo mayor respaldo en la Comisión de Acuerdos, tiene más chances de ser aprobado que García Mansilla, resistido por su perfil académico conservador y posturas regresivas en derechos humanos.
Si el Senado aprueba solo a Lijo, el Ejecutivo podría retractarse de García Mansilla y proponer un nuevo candidato —posiblemente una mujer, como reclama el peronismo para cumplir con el cupo de género—.
Esto implicaría una negociación con bloques opositores, algo que hasta ahora Milei ha evadido, pero que podría ser inevitable ante la presión política.
La designación ha generado rechazo entre sectores de la sociedad civil, académicos y organizaciones de derechos humanos, que cuestionan la idoneidad de Lijo por su historial en Comodoro Py y de García Mansilla por sus posiciones contrarias a tratados internacionales.
Una movilización podría surgir como respuesta, especialmente si se percibe que la Corte queda “capturada” por el Ejecutivo.
Con Lijo y García Mansilla en la Corte, el Ejecutivo espera una composición más favorable para resolver casos clave, como los relacionados con reformas económicas o conflictos con provincias.
Sin embargo, si la oposición logra bloquear o deslegitimar las designaciones, el Gobierno podría enfrentar fallos adversos con una Corte reducida o en conflicto interno.
Esto afectaría la confianza de inversores extranjeros, un punto que el oficialismo minimiza pero que analistas consideran crítico en un contexto de crisis económica.
La decisión de Milei se enmarca en un año electoral y en medio de cuestionamientos por el manejo de otros temas, como la criptoestafa $Libra.
El sábado 1 de marzo, cuando el Presidente inaugure las sesiones ordinarias, Lijo y García Mansilla podrían estar presentes en el Congreso, un gesto simbólico de victoria para el oficialismo.
Sin embargo, el costo político y la polarización que esta jugada genera podrían marcar el rumbo de su gestión.
Mientras tanto, la oposición afila sus estrategias, y la sociedad observa expectante el destino de uno de los pilares de la República.
Por ahora, el tablero está abierto, y cada movimiento promete repercusiones que podrían redefinir el equilibrio de poderes en Argentina.
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