Schiaretti ordenó revisar la ley de uso de automóviles judicializados en Córdoba

El gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, dispuso una “revisión integral” de los sistemas legales de utilización de rodados incautados por el Poder Judicial y de otorgamiento de licencias de conducir, según revelaron a Cadena 3 fuentes oficiales.

Ambas normas quedaron fuertemente cuestionadas a partir del accidente automovilístico que protagonizó el legislador oficialista Oscar González, en el que murió una mujer y otras dos resultaron gravemente heridas.

No hubo por el momento precisiones sobre si el gobernador fijó un plazo para llevar adelante esa revisión, que quedará a cargo del Ministerio de Gobierno y Seguridad.

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González, un relevante dirigente del peronismo cordobés, renunció el viernes a la presidencia provisoria de la Legislatura, el segundo cargo en la línea de sucesión. Además, solicitó una licencia sin goce de sueldo hasta fin de año.

González, al mando de un BMW X1 incautado que le había sido entregado por el Tribunal Superior, impactó contra otro vehículo el sábado 29 de octubre en el paraje Niña Paula, en Traslasierra. En el accidente, murió la conductora del otro vehículo, Alejandra Bengoa, de 56 años.

El legislador fue imputado por el caso, mientras se investiga si había cruzado la doble línea amarilla para impactar con el otro rodado.

Sólo con heridas leves, González manejaba el coche con una licencia de conducir de la localidad de Las Tapias, municipio en el que no reside. Tenía, previamente, antecedentes de diversas multas por infracciones de tránsito portando carnets de otros municipios.

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Schiaretti no hizo comentarios sobre el episodio y ningún funcionario de su administración aceptó hablar sobre el caso. Pero, a fines de la semana pasada, conocida la decisión de González de abandonar su cargo en forma temporaria, dispuso que se analicen posibles cambios a la ley provincial 8550, que permite que la Justicia entregue a entidades de bien público rodados incautados por diversos delitos penales.

Esa ley, interpretada con un criterio que ahora resultó fuertemente cuestionado, permitió que numerosos funcionarios de los tres poderes del Estado utilicen vehículos judicializados. Como titular de la Legislatura, González disponía de cuatro coches de alta gama a su disposición al momento de la colisión.

También será sometida a evaluación en el Gobierno la normativa que permite a las municipalidades la entrega de licencias de conductor, sin que hasta el momento se hayan garantizado los controles necesarios para evitar que automovilistas con antecedentes en infracciones sean penalizados ante la renovación de sus carnets.

Los dos esquemas legales serán evaluados por el Ministerio de Gobierno y Seguridad, cuyo titular es Julián López. Ese funcionario también cuenta con una camioneta de alta gama procedente del Poder Judicial.

Las fuentes del Gobierno consultadas no precisaron si este análisis incluirá la decisión de reintegrar, en lo inmediato, los vehículos en poder de ministros, secretarios y legisladores provinciales.

El escándalo generado tras el accidente del legislador González desató una fuerte ola de críticas desde distintos ámbitos sobre el uso de esos rodados por parte de funcionarios políticos y judiciales. Y también, sobre la responsabilidad de algunos municipios en el otorgamiento de licencias.