Cuál fue la explicación de la Senaf ante una nueva fuga de "El pistolero"

El caso en Córdoba, del adolescente de 15 años que en este 2024 ha tenido al menos 19 intervenciones judiciales, sigue generando preocupación y angustia tanto en la sociedad como para las autoridades provinciales.

El menor, apodado "El Pistolero", ha estado involucrado en violentos asaltos contra conductores de Uber en su barrio, Marqués Anexo, por lo que de manera excepcional tenía una tobillera electrónica para su control, de la que logró soltarse, y se encuentra prófugo, merodeando por el barrio.

La tobillera electrónica había sido solicitada por primera vez a la Justicia Penal Juvenil como una medida extraordinaria por parte de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF). Sin embargo, el jueves pasado, el adolescente se quitó la tobillera y desapareció de la residencia donde estaba alojado. Fueron los vecinos de Marqués Anexo quienes dieron aviso de que el menor estaba en libertad y que había ido a visitar a su madre.

En diálogo con Radioinforme 3, Julia Reartes, titular de la SENAF, explicó que "la tobillera era un dispositivo de control y seguimiento exhaustivo, y que durante una actividad prevista e informada al sistema de monitoreo, que implicaba el traslado a un espacio psicológico, se escapó".

En ese sentido, la funcionaria precisó que el joven era controlado por "operadores territoriales y responsables de una residencia, pero que no tienen las medidas de seguridad del Complejo Esperanza". "No podemos trabajar en lo que nosotros muchas veces decimos, en el 'cómo sí'", planteó Reartes.

En ese sentido, dijo que pese a los esfuerzos del organismo, los operadores del mismo no disponen de herramientas precisas para estos casos. "Hacemos 'como si controlamos', pero si no hay herramientas precisas, si no hay una medida clara que restrinja la libertad ambulatoria, nuestros operadores no pueden porque esa facultad de hacer algo corresponde realmente que lo hagan otros operadores y actores del sistema", lamentó.

Reartes destacó la necesidad de construir un sistema integral para atender a adolescentes en conflicto con la ley, que incluya la colaboración de la justicia y otros organismos. La secretaria también mencionó que han propuesto un anteproyecto de ley para brindar herramientas efectivas a la justicia y a los actores del sistema. “Estamos construyendo una agenda para el debate que ya se ha llevado a cabo con todos los operadores del sistema”, afirmó.

Sobre la situación del joven, contó que han pedido a la justicia que el joven sea alojado de manera provisoria y sujeto a plazos, en el Complejo Esperanza, pero están aguardando por una resolución.

Por último, recordó que la baja en la edad de imputabilidad es un debate que le corresponde al Congreso de la Nación, pero que corresponde a las provincias legislar sobre procedimientos garantistas, tanto para adolescentes punibles como los no punibles. En ese punto, es donde la funcionaria asegura que "la legislación tiene muchísimos grises que son los que terminan posibilitando estas dobles, triples interpretaciones, porque también depende de qué juzgado o de qué juez o jueza tome la causa".

"Tenemos listo el proyecto, no es una modificación, sino que es una ley con un procedimiento penal juvenil que contempla garantías de debido proceso que diferencia los roles que tiene que hacer el fiscal, que tiene que hacer el juez, que tiene que hacer los asesores y defensores, y que tiene que hacer también el organismo administrativo, que en este caso es Senaf, junto con otros actores de la política pública", adelantó. "Ya tenemos el proyecto terminado y aspiramos a que se apruebe lo más pronto posible", concluyó.

Entrevista de Miguel Clariá