El crimen de Susana Montoya y la controversia por la reparación histórica

El asesinato de Susana Beatriz Montoya, una mujer de 74 años y viuda de un policía desaparecido durante la última dictadura militar, Ricardo Albareda, desató un intenso debate en Córdoba. 

El crimen, ocurrido el 1 de agosto en su hogar de ampliación Poeta Lugones, ha llevado a la detención de su hijo, Fernando Albareda, quien es sospechoso del homicidio. 

Según el fiscal Juan Pablo Klinger, el móvil del crimen sería la codicia, ya que madre e hijo estaban en disputa por una suma de 76 millones de pesos que el gobierno provincial iba a pagar a la familia como reparación histórica por la desaparición del exmarido de Susana y policía desaparecido durante la última dictadura militar.

Esa reparación que alcanza casi los 80 millones de pesos es una interpretación de lo que en su momento aprobaron los legisladores de Córdoba por unanimidad en la Unicameral. 

En este contexto, la exlegisladora de Encuentro Vecinal, María Amelia Moscoso Cardoso, quien participó en la aprobación de esa ley, explicó a Cadena 3 que "bajo ningún punto de vista contemplamos que ahora hay que pagar por ascenso post-mortem una suma como la que se está manejando, casi 80 millones de pesos".

Además, subrayó que el objetivo de la norma era que los registros reflejaran que los empleados no abandonaron su tarea, sino que fueron víctimas de desapariciones forzosas.

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Cuestionó la interpretación actual de la ley: "No está en el espíritu de la norma. La nominación del legajo no era esencial para otorgar o no el beneficio".

Y añadió: "Esto es una decisión exclusiva de la autoridad de aplicación", dejando abierta la expectativa sobre una respuesta oficial de las autoridades provinciales sobre la polémica interpretación de la ley.

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"De ningún modo una reparación del legajo puede ser la excusa para que desde el Poder Ejecutivo se avance en esta disposición de recurso de los cordobeses con este alcance. Esto es una decisión exclusiva de la autoridad de aplicación", cerró.

Qué dijo la ministra de Desarrollo Humano

"No ha estado bajo mi ministerio esa decisión. En el decreto que hemos firmado con el Gobernador y con el Ministro (Juan Pablo) Quinteros, lo que ha estado es lo que corresponde a la ley que sancionó la Legislatura, que es inscribir en su legajo la reparación en términos de que no había faltado a su trabajo, por ponerlo en términos simples, en función de que había sido víctima de una desaparición forzosa", explicó Liliana Montero.

"Lo que corresponde a la situación administrativa no está bajo este ministerio. Desconozco cuáles han sido los pasos administrativos que se han seguido", cerró.

Entrevista de Miguel Clariá. Informe de Fernando Barrionuevo.