En un pueblo de Chaco el 10% de la población tenía pensión por invalidez

La localidad de Taco Pozo, en Chaco, está en el foco de la investigación por las pensiones por invalidez truchas. El fiscal federal Carlos Amad, quien subroga la Fiscalía Federal de Roque Sáenz Peña en Chaco, reveló detalles alarmantes en Cadena 3 sobre el avance de esta investigación, que se originó a partir de una denuncia de la exdiputada nacional Ana María Canata.

Según indicó, se habla de 800 casos (un 10% de la población de esa localidad aproximadamente), donde se habían falsificado historias clínicas, documentos y certificados con la intervención de médicos. También destacó que la investigación comenzó en febrero de 2023, a través de allanamientos en la municipalidad y domicilios de los imputados, donde se encontraron cuadernos que contenían información crucial sobre el circuito de corrupción, incluyendo datos de beneficiarios y el retorno de coimas.

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“Era un esquema de corrupción que incluía desde el intendente para abajo, incluyendo profesionales, médicos, que cobraban coimas para iniciar expedientes falsos”, afirmó el fiscal. La investigación abarca desde 2018 hasta 2023.

"El análisis de esos cuadernos fue determinante porque en ellos estaban anotados una serie de datos que coincidían en principio con el listado de las personas que cobraban las pensiones por invalidez. Además había anotaciones, digamos, del retorno. Obviamente que esto hablaba a la clara que esta maquinaria organizada generaba ganancias para los gestores que les cobraban entre 30 y 40 mil pesos y entre, obviamente, los que figuran en el dinero", detalló.

El fiscal Amad indicó que Taco Pozo fue el caso madre donde se detectaron 740 pensiones por invalidez y personas que cobraban una jubilación trucha, pero que en total se detectaron 23.000 casos que abarcan también a los pueblos de Villa Ángela, Corzuela, Charrata, San Martín y otras.

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Además reveló que en la investigación se dieron cuenta de que muchas personas de Taco Pozo que cobraban este beneficio "ni sabían de qué se trataba". "Había personas que habían pasado por el municipio para buscar un bolsón de comida y salieron con una pensión bajo el brazo, o había otras personas que se fueron a hacer un trámite a la ANSES y salieron con una pensión por invalidez", indicó.

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Esto fue la clave para imputar a la oficina completa de ANSES de Taco Pozo y a su jefa que es la hija del intendente. 

El fiscal Amad ha indicado que no se han realizado detenciones hasta el momento, pero se están preparando pedidos de procesamiento contra 13 personas involucradas en la trama. “El monto por el cual el Estado ha sido defraudado es tremendo, es obsceno”, concluyó.

Entrevista de Miguel Clariá