Escándalo: fiscal desmintió detenidos por vinculación terrorista con Hezbollah

En diálogo con Radioinforme 3, la fiscal federal subrogante en San Francisco, María Schianni, desmintió detenciones en la investigación por presunto financiamiento con criptoactivos desde Argentina a la agrupación terrorista Hezbollah.

"No se ordenó ningún temperamento de privación de libertad de las personas que puedan estar implicadas", señaló.

La Policía Federal Argentina había informado en un comunicado sobre cuatro detenciones, entre ellas, la de un ciudadano colombiano en Porteña identificado como Miguel Ángel Fierro Uribe.

En el marco de esta causa se realizaron allanamientos –en Porteña y en la provincia de Santa Fe–, en los que se secuestraron tres escopetas, una pistola, cartuchos y municiones. También dinero, cuadernos y libretas con anotaciones, un gabinete de computadora, notebooks y siete teléfonos celulares.

La fiscal indicó que los procedimientos se llevaron a cabo para recabar información útil para la investigación.

Sobre las armas Schianni especificó que "nada relacionado con armas de guerra o de alto poder". La tenencia ilegal de armas fue detectada durante los procedimientos, lo que constituye un delito bajo el Código Penal.

Respecto a la investigación sobre el financiamiento del terrorismo, la fiscal destacó que la hipótesis de investigación existe, pero que por ahora no hay pruebas directas que vinculen a los implicados con Hezbollah.

"Las operaciones con los activos virtuales que se efectuaron están vinculadas de manera indirecta", explicó Schianni, añadiendo que la falta de certezas ha llevado a que no se hayan realizado imputaciones formales hasta el momento.

La fiscal enfatizó la necesidad de analizar los dispositivos electrónicos y la información recabada durante los allanamientos para determinar la veracidad de las acusaciones.

"La operación que detecta y que prende la alerta es una operación que tiene cuatro intermediarios hasta llegar a la billetera de Hezbollah", dijo, refiriéndose al hablar de una "operación de cuarto grado" y la necesidad de establecer la trazabilidad de las operaciones.

La causa se inició por intervención de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), a raíz de un informe elaborado por la Unidad de Información Financiera (UIF), en el que se advertía sobre operaciones en criptomonedas entre un ciudadano de nacionalidad colombiana, que se encontraba en la provincia de Córdoba, y una billetera virtual, que habría sido marcada como sospechosa de actividad de financiamiento del terrorismo, listada por la Oficina de Control de Bienes Extranjeros, en inglés “Office of Foreign Assets Control” (OFAC), sobre un ciudadano sirio en el Líbano y vinculado a Hezbollah.

Asimismo, según informó la Policía, se habrían detectado un total de 34 operaciones de activos virtuales en USDT efectuadas por el investigado entre marzo y junio del corriente año, las que se encontrarían vinculadas de manera indirecta, es decir, transacciones de cuarto grado, con otra billetera que habría sido marcada por la herramienta norteamericana de monitoreo “Chainalysis” como sospechosa de actividad de financiamiento del terrorismo.

Con relación a esas transacciones, se estima que el volumen de fondos operados en el transcurso de dos años ascendería a la suma de 1.800 millones de pesos, tanto en créditos como en débitos.

Entrevista de Miguel Clariá.