Guillermo Kraisman analiza acogerse a la ley del arrepentido

La vicegobernadora de la provincia de Córdoba, Myrian Prunotto brindó una entrevista a Canal 12 y reconoció que la supuesta empleada Virginia Elizabeth Martínez, nunca firmó contrato con la Legislatura de Córdoba, pese a que le depositaron un millón de pesos en su cuenta, el cual intentó ir a cobrar el puntero político Guillermo Kraisman. 

En este marco, Kraisman continúa preso en la cárcel de Bouwer y su cómplice, la otra funcionaria que era municipal, pero que en realidad le pagaba el sueldo la Universidad Provincial de Córdoba, Luciana Castro, está detenida en el establecimiento penitenciario número 9, en la UCA. Ambos están acusados de tentativa de estafa.

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En este marco, Punotto también indicó que Martínez nunca quiso trabajar en la Legislatura y que al no presentarse le dieron de baja. No obstante, también deslizó que la mujer fue contratada por un legislador del bloque oficialista, aunque no reveló nombres.

El fiscal Franco Mondino recibió debe determinar quién firmó el pago del sueldo a Martínez. Según fuentes cercanas al proceso, el caso es sencillo, ya que Mondino, quien antes de ser fiscal fue asesor en la Legislatura, podría tener información sobre el empleado que gestionó la contratación.

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La respuesta oficial de la Unicameral sobre por qué se pagó el sueldo a alguien sin contrato es que “se le abren los expedientes igual porque algunos demoran en ir a firmar”. Sin embargo, tras un mes sin que Martínez concurriera, se decidió anular su contrato.

Por otro lado, la defensa de Kraisman y Castro, está considerando la posibilidad de que el dirigente del PJ se acoja a la ley de arrepentidos. 

Informe de Juan Federico