Hace 14 meses está vacante la fiscalía General en Córdoba

Durante una disertación de la Fundación Jean Sonet, de la Universidad Católica de Córdoba, el ex fiscal Carlos Ferrer, recordó que desde hace 14 meses la provincia de Córdoba no cuenta con un fiscal General, luego de la salida de Alejandro Moyano, de ese cargo en marzo de 2019.

En diálogo con Cadena 3, Ferrer explicó que “el cargo de fiscal General es cabeza de una institución prevista en la Constitución y que forma parte del Poder Judicial”.

“No es una cuestión menor, ni transitoria que pueda tolerar mucho paso del tiempo sin ser resuelta”, manifestó, y dijo que la disertación provocó la difusión abierta de esta situación que para muchos estaba pasando desapercibida.

Según expresó Ferrer “esta situación de transitoriedad, en una institución como el Ministerio Público que tiene responsabilidades constitucionales, políticas, y que tiene que organizarse internamente para procurar respuesta y brindar una recta administración del servicio de justicia no puede estar sin cubrirse demasiado tiempo”.

Y agregó que “tampoco puede ser desempeñada provisoriamente no por uno, sino por dos fiscales reemplazantes o sustitutos, simultánea e indistintamente porque todo eso es incompatible con la institución”.

Ferrer recordó que el mandato del fiscal General dura cinco años, mientras que los cargos electivos políticos duran cuatro y esto puede ser una de los argumentos con los que se especula, pero cuestionó que no haya todavía de parte de Juan Schiaretti una exteriorización para esclarecer esta situación.

“Por ahora no conozco cuáles son las razones”, aclaró.

En verdad a mí lo que me afecta es que en el mientras tanto -entre que cesó el fiscal General anterior y hoy- se dictaron reglamentos, se crearon oficinas, se modificó la ley orgánica y yo me pregunto si esto no hubiera sido conveniente que se concrete con el nuevo fiscal

Por otra parte, señaló que “en la eventualidad de que el nuevo fiscal General pueda estar entre algunos de los que hoy ejercen la conducción, no deja de ser una situación anómala porque quien ejerce el cargo con provisionalidad, lo hace en función de obtener los méritos y beneplácitos para luego ser confirmado en el cargo”.

“Eso no puede ser porque debajo de esta estructura y de ese funcionario hay más de 80 fiscalías de instrucción, 70 unidades judiciales, la Policía Judicial, la Fuerza Policial Antinarcotráfico y es una responsabilidad muy seria y grande que no puede caer en la despersonalización”, subrayó.

“Tiene que estar en manos y cabeza de quien ejerce el cargo formalmente y no transitoriamente”, enfatizó.

Entrevista de Miguel Clariá.